M. C.

El Ministerio de Industria recortó en un 37,83% las subvenciones de 2002 a Mina La Camocha, tras destaparse el supuesto fraude para aparentar una producción de hulla superior a la real.

La empresa interpuso un contencioso contra esa decisión y usó ese pleito administrativo como argumento de la defensa en el caso penal. El tiro le salió por la culata después de que el Tribunal Supremo diese la razón al Ministerio el 18 de mayo de 2005. En dicha sentencia, el Supremo señala respecto al argumento de la empresa de que las ayudas están desligadas de la producción que «la tesis, llevada a su límite implicaría tanto como que las empresas mineras beneficiarias podrían exigir, año tras año, en el horizonte temporal fijado, las ayudas previstas en el plan incluso en el caso de que su producción fuera cero, lo que es inaceptable».

El Supremo añadió que el recorte de ayudas ya debía haberse aplicado en el plan 1998-2001 por los incumplimientos de producción, pero no obligó a la empresa a devolver ese dinero debido a que el litigio se circunscribía a 2002.

Tapadera

Mina La Camocha adelantaba el dinero a Trabajos y Explotaciones, que importaba el mineral y lo llevaba a La Camocha. Tanto Trabajos y Explotaciones, como Hullas del Coto Quirós, que también suministraba carbón a Mina La Camocha, falsificaban las facturas, emitiéndolas en concepto de supuestos servicios prestados.

Mismos gestores

Las empresas citadas y otras investigadas como González y Díez y Carbones de Linares tenían en común a algunos de sus propietarios, gestores o asesores.

Ausencia de control

Las presuntas irregularidades se veían favorecidas, según la Fiscalía Anticorrupción, porque no existía por parte de la Administración ningún control sobre la producción efectiva de Mina La Camocha. El Ministerio se limitaba a contrastar que los datos de producción declarados por la mina coincidían con las toneladas compradas por la térmica. En cuanto se destapó el supuesto fraude, el Estado recortó las subvenciones.