En marzo del pasado año, las decisiones judiciales comenzaron a torcerse para los intereses de los vecinos de «El Pisón», en Somió. El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gijón reconoció entonces, tesis que ahora avala el TSJA, la imposibilidad legal de ejecutar un fallo judicial -el de la clausura de La Plantona- que ese mismo juzgado había decretado anteriormente. Se daba así la circunstancia que el mismo juez que en su día encontró motivos legales para ordenar el cierre de la planta de pretratamiento, reconocía en un fallo posterior que era imposible ejecutar esa decisión.
La sentencia del Superior de Justicia que da la razón al Ayuntamiento y cierra un largo contencioso legalse conoce sólo unos días después de que se supiera que la Comisión Europea va a llevar al Gobierno de España ante los tribunales europeos por «graves y repetidos incumplimientos» de la normativa comunitaria de aguas residuales en varias ciudades del país, entre ellas Gijón.
A este respecto, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, aseguró ayer que se han conseguido «muchos avances» en los casos de depuración de aguas residuales por los que la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de justicia de Luxemburgo y que los pondrá en conocimiento de Bruselas porque su departamento es el primero en «querer cumplir con la normativa».
