Gijón,

C. J.

«La justicia hará el trabajo que tenga que hacer». Fue todo lo que dijo ayer, con aparente tranquilidad, Áurea Gutiérrez, concejala de Seguridad Ciudadana y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carreño, a la salida de la fiscalía, donde prestó declaración, junto a un funcionario municipal, en relación con la retirada de multas de la Policía Local por parte del Consistorio. El ministerio público ha abierto una investigación sobre el caso.

Gutiérrez, quien permaneció en los Juzgados de Gijón durante unas tres horas, evitó realizar valoraciones. «A ver en qué queda todo esto», se limitó a decir, escuetamente, en respuesta a las preguntas de este diario. El origen del caso se sitúa en un conflicto laboral entre la Policía Local y el Ayuntamiento, que estalló en junio de 2009, cuando el número de sanciones del Cuerpo local pasó de una a 25 al día. La media en los meses anteriores era entre siete y diez a la semana.

El gobierno municipal recomendó entonces a los carreñenses recurrir dichas multas, pese a que las sanciones estaban «bien puestas, pero a veces hay atenuantes y los vecinos deben justificarlos para que se les retire la sanción», aseguraron fuentes del gobierno municipal. Unas declaraciones que levantaron una gran polvareda en el municipio y que enquistaron aún más el conflicto con el Cuerpo local.

La declaración de ayer de la edil de Seguridad Ciudadana abre un proceso para dilucidar la posible existencia de irregularidades en la tramitación de las sanciones de tráfico por parte del Ayuntamiento.

La comunicación del caso a la fiscalía fue efectuada por el propio colectivo policial, que llegó a encerrarse a finales del año pasado en la Casa Consistorial para protestar por que el gobierno local no revisase sus salarios por quinto año consecutivo.

Gutiérrez no quiso valorar si las quejas del colectivo policial son fundadas. El caso es que, tras la decisión de su concejalía de no incluir a la plantilla policial en las revisiones salariales, el número de multas cambió ostensiblemente.