R. VALLE

Los datos aportados en su comparecencia ante el Pleno por el edil de Cultura Justo Vilabrille para explicar el hallazgo de material arqueológico vinculado a una década de excavaciones en un zulo de la Campa Torres, cuya existencia era desconocida para las autoridades municipales hasta hace un año y se hizo pública hace un mes, no sirvió para mover ni un milímetro a gobierno y oposición de sus trincheras. «No hay expolio, ni hay atentado al patrimonio. Al contrario, hay una actuación modélica», sentenció Vilabrille, que acusó a los populares de ser «unos temerarios arqueológicos» al hablar de posibles desapariciones de material y fallos en la conservación de las piezas.

Una postura muy distinta a la defendida por el popular Manuel Pecharromán, para quien «las piezas estaban sin número de inventario, sin fecha de hallazgo, sin referencias al sector o estrato donde fue encontrado... Ahí está el expolio. Se nos ha despojado de información básica para seguir avanzando en el estudio de nuestra historia». Así las cosas el único paso adelante que dieron unos y otros en este enfrentamiento político fue la exigencia de los populares de que Vilabrille dimita y la oferta del equipo de gobierno -refrendada por el propio compareciente y por Pedro Sanjurjo y Jesús Montes Estrada en representación del PSOE e IU- de ponerse a disposición de la fiscalía en la investigación abierta. El PP fue quien denunció los hechos ante el fiscal.

Quizás una de las razones que impiden a gobierno y oposición llegar a un acuerdo sobre el descubrimiento de la Campa está en que su atención no se corresponde con el mismo espacio temporal. Vilabrille centra sus explicaciones en los hechos acontecidos a partir del descubrimiento, en marzo del año pasado, de ese material con motivo de una ordenación de espacios en la Campa de Torres y el PP tiene más interés en aclarar cómo pudieron estar miles de piezas olvidadas en un almacén oculto tras unas estanterías durante una década sin que ninguna autoridad política se preocupase. «La Campa Torres tienen la condición de bien de interés culturas y es centro neurálgico de nuestro patrimonio. El increíble nivel de negligencia e incompetencia en este caso pone en evidencia toda la política cultural de los últimos veinte años y salpica a sus responsables», sentenció Pecharromán que acusó a Vilabrille de «mentir y haber intentado ocultar el caso».

«Es el Ayuntamiento quien comunica el hallazgo, quien toma las oportunas medidas de conservación de las piezas y quien contrata una asistencia técnica para registrarlas. La diligencia, interés y preocupación del Ayuntamiento queda demostrada», sentenció Vilabrille al tiempo que ponía en valor los 30 años de trabajos en el campo de la arqueología realizados en Gijón, los casi 10 millones de euros invertidos y el reconocimiento de profesionales de la arqueológica. Para el PSOE la beligerancia del PP en este caso tiene más que ver, y así lo indicó Sanjurjo, con «sacar rentabilidad política». Sin nombrarlo, el portavoz socialista puso en relación el «caso Campa Torres» con el polémico nombramiento de Francisco Cuesta, director en los noventa de las excavaciones gijonesas con José Luis Maya, como responsable del Etnográfico de Grandas de Salime.