Eloy MÉNDEZ
Isabel Domínguez y Juan Carlos Díez compraron un piso junto al antiguo solar de Suzuki en 2006. Ahora lo han puesto a la venta porque no quieren que sus hijos -de 1, 3 y 5 años- vivan junto al albergue proyectado por el Ayuntamiento en El Natahoyo. Como ellos, más de medio millar de vecinos del barrio salieron ayer a la calle para protestar contra la construcción del macrocentro social -que también acogerá las sedes de Calor y Café, Proyecto Hombre y la Oficina del Transeúnte- en una zona plagada de zonas infantiles y centros educativos. Tras este «éxito», la plataforma «Villa de Ataulio» ya ha convocado concentraciones para los dos próximos viernes a las 20.00 horas en la plaza del Padre Máximo González.
La manifestación arrancó a media tarde de la parcela donde los responsables municipales tienen previsto levantar el polémico edificio y concluyó una hora después en la plaza Mayor. Tina Fernández y María Luz Boto recorrieron el kilómetro y medio de distancia detrás de una pancarta con el lema «¡Más protección al menor! ¡Menos intereses urbanísticos!». «Pagamos más impuestos que los de Viesques y nos meten en casa lo que no quiere nadie», se quejaban. Poco después, la cabecera de la marcha tomó nota y entonó por primera vez uno de los gritos más repetidos ayer: «¡No, no, no, el albergue pa Somió!».
Unos pasos más atrás, Carmen Vega hacía sonar uno de los silbatos repartidos por la organización. «No somos insolidarios, lo que ocurre es que el Ayuntamiento quiere crear un gueto en el barrio. ¿Por qué no distribuye los equipamientos por varias zonas? ¿por qué van a hacer un edificio para todos los centros sociales de la ciudad y no los separan?», se preguntaba con cara de enfado. «Sólo van a conseguir llenar el vecindario de delincuencia», se lamentaba a su lado María Díaz junto a su hija Carolina Álvarez y su perra «Jana», todas empapeladas con carteles de oposición al albergue.
La protesta fue un paso más en la lucha de «Villa de Ataulio». La plataforma decidió hace unas semanas sacar a la calle su lucha judicial contra el centro social, que se ha plasmado en la presentación de dos demandas ante un Juzgado de Gijón y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias alegando que el futuro inmueble va contra los derechos universales del menor, en un caso, y contra la legalidad urbanística municipal, en el otro. «Ya está bien de que pasen de las leyes, nosotros luchamos por una causa justa», decía al principio de la manifestación Germán Robledo, tras acusar a las asociaciones de vecinos de la zona afectada de «estar en manos de los políticos que nos gobiernan».
«Nuestra gran esperanza está en que un juez paralice todo esto», añadía en la misma dirección Fernando Ríos, padre de Iván y Tatiana, dos niños de 7 y 3 años, respectivamente. «No quiero que mis hijos crezcan al lado de un lugar como el que quieren hacer», afirmaba, enfadado. Muchos de los asistentes a la marcha, que acabó con una sonora pitada a las puertas del Ayuntamiento, portaban pancartas con eslóganes como «El Natahoyo ha muerto» o «Los niños, primero». «Es una hipocresía pedir a los ciudadanos que nos apretemos el cinturón mientras los políticos se gastan el dinero en intereses urbanísticos», señaló el encargado de leer un manifiesto final. «¡No a los guetos!», gritó, tras anunciar más medidas de presión.
