R. VALLE

«Difícil de entender». Así aseguraba hace unos días en Gijón el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, el esloveno Janez Potocnik, que la ciudad llevara diez años incumpliendo la normativa europea sobre el tratamiento de las aguas residuales. Y más difícil de entender es para muchos gijoneses al pensar que la ciudad tenía claro desde 1991 cual era el plan de acción en este campo con el apoyo de las administraciones local, autonómica y estatal. Las piezas del saneamiento local se han ido colocando con más lentitud de la esperada, y entre la polémica habitual de enfrentamientos políticos y vecinales vinculados al desarrollo de grandes infraestructuras y su ubicación en el territorio, hasta enrocarse en la depuradora de la zona este. Es la instalación que falta para completar todo el organigrama de la red municipal y cuya ausencia tiene mucho que ver con el hecho de que Gijón figure en la lista de la treintena de ciudades españolas cuyas carencias en el tratamiento de las aguas residuales le pueden costar una multa europea al gobierno de España.

La Comisión Europea hizo una advertencia a España en el año 2004 por incumplir la normativa, se la repitió en el año 2008 y sólo hace unas semanas anunció que llevaría al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ante el tribunal de Justicia de Luxemburgo por mantener ese incumplimiento. La líder gijonesa del PP, Pilar Fernández Pardo, acaba de utilizar su condición de diputada nacional para preguntar a la ministra del ramo, Elena Espinosa, su opinión sobre ese tirón de orejas con final judicial de Europa a España por la depuración.

Curiosamente -o a propósito, según algunos-, la regañina europea coincidió con la decisión del gobierno nacional de dar luz verde al diseño y construcción de la instalación gijonesa que tendrá un coste de más de 52 millones de euros a pagar por la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Pesca. La decisión pone en marcha una maquinaria que, crisis mediante, llevará a que a lo largo del año 2011 se puedan ver las primeras actuaciones físicas vinculadas a la construcción de este equipamiento, cuya base es el anteproyecto presentado por la Confederación Hidrográfica del Norte (ahora del Cantábrico) en febrero de 2008.

Allí ya se definía un equipamiento integrado en el casco urbano de la ciudad al decidirse su ubicación en la zona de El Pisón, donde ahora mismo está la polémica planta de pretratamiento conocida como «La Plantona», que pasará a ser una pieza más de una estación semisoterrada. A la vista sólo quedarán los edificios de visitas y control y un gran espacio público verde. Uno de los elementos singulares de la instalación es su plan de tratamiento terciario con una laguna-depósito de agua regenerada de 2.500 metros cúbicos con un muelle de carga para vehículos y un pozo de bombero que impulse ese agua hasta el parque de Isabel La Católica.

Aunque en El Pisón sólo estará la línea de aguas de una depuradora que se extenderá a toda la ciudad. La denominada línea de fangos tiene su sitio al lado de la depuradora de la zona oeste. Los fangos irán de El Pisón a La Reguerona a través de una doble tubería de polietileno de 9, 2 kilómetros de longitud que recorrerá la ciudad de punta a punta. En La Reguerona los fangos recibirán tratamientos de deshidratación y secado térmico. La obra tiene un plazo de ejecución mínimo de treinta meses lo prolonga hasta el 2013, como mínimo, que Gijón quede limpia ante Europa.