J. L. A.

El plan de financiación que sigue El Musel para hacer frente a la deuda reconocida de 465 millones por la obra de ampliación, cuyos trabajos finalizarán este año, no tendrá modificaciones pese a la nueva ley de Puertos. La normativa que han acordado el PSOE y el PP, aprobada ya en el Congreso con el voto en contra del resto de las fuerzas políticas con representación en la Cámara y sólo pendiente de su ratificación por el Senado, incluye un tratamiento económico especial para aquellos proyectos portuarios que el Estado considera de interés general. Son los casos del superpuerto gijonés, al pie del Cabo Torres, y de la construcción del puerto exterior de Punta Langosteira, en La Coruña.

La nueva ley de Puertos plantea un funcionamiento de las dársenas que pertenecen al sistema estatal español como si fueran empresas de servicios. Han de ser capaces de autofinanciarse y están obligada a tener una rentabilidad anual del 2,5 por ciento. Pero también establece la posibilidad de que el Estado apruebe préstamos para afrontar obras que, a causa de las fuertes inversiones necesarias, excedan las posibilidades financieras de las autoridades portuarias. El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, asegura en una entrevista publicada por «El País» el pasado domingo: «Como ya se dio en un puerto, Gijón, y se está dando en otro, A Coruña, si el Estado considera que esos puertos son de interés general debe salir en su auxilio». Y más adelante: «Está contemplado en la ley».

La Autoridad Portuaria de Gijón está sujeta a un convenio de normalización financiera después de firmar, el pasado febrero, el crédito de 215 millones que le ha concedido el Ministerio de Fomento para poder hacer frente al sobrecoste de 216 millones que acumula la obra de financiación. El Puerto se ha comprometido a devolver ese dinero en un plazo de 37 años.

El superpuerto asturiano costará finalmente, tras la modificación presupuestaria por el sobrecoste, 715,6 millones (sin IVA). Además del préstamo de Fomento, tiene pendiente otro crédito de 250 millones, que le ha concedido el Banco Europeo de Inversiones. La Unión Europea ha aportado a la ampliación, con cargo a sus fondos de cohesión, 247,5 millones. De esa cantidad, el Puerto tiene pendiente de cobro el 25 por ciento, cifra que debe recibir, si no hay revisiones a la baja, cuando finalice la obra.