28 de mayo de 2010
28.05.2010
Villaviciosa

La Audiencia Nacional anula la resolución del deslinde del camping «Las Marismas»

El fallo recoge que el procedimiento ha caducado, lo cual obliga a iniciar de nuevo el expediente y demora el desalojo de las instalaciones de Misiego

28.05.2010 | 02:00

Misiego (Villaviciosa),


Mariola MENÉNDEZ


Los miembros de la Asociación Club de Camping Las Marismas, en Misiego (Villaviciosa), han ganado una batalla (aunque no la guerra) en su lucha por la que consideran una justa reivindicación de sus propiedades, que el deslinde martítimo-terrestre fijado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino estima incluidas en el dominio público. Los miembros de este colectivo (como otros muchos propietarios afectados en el concejo por la ley de Costas de 1988) acudieron a los Tribunales.


Ahora, la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional anula la resolución ministerial, al apreciar que el procedimiento de deslinde ha caducado. Esta sentencia obliga a la Administración central a volver a iniciar el expediente porque los bienes de dominio público marítimo-terrestre son imprescriptibles. Es decir, el fallo no cambia las cosas, pero servirá para que los socios ganen tiempo al verse retrasado el desalojo de los campings y de los terrenos afectados, sobre todo si el Ministerio opta por presentar un recurso de Casación de esta sentencia ante el Tribunal Supremo.


La Asociación Club de Camping las Marismas de Misiego interpuso un recurso contra la resolución ministerial del 11 de junio de 2008 por la que se aprobaba el deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre, que afectaba a la propiedad de este colectivo, concretamente al camping que se ubica en terrenos de la playa y la marisma de Misiegu.


Teniendo en cuenta la citada alegación, la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional anuló la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino al considerar que había caducado por haber transcurrido más de 24 meses entre el momento de la incoación del expediente del deslinde -de casi dos kilómetros de extensión- y la notificación a los afectados de la resolución.


Contra la sentencia le cabe ahora a la Administración el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Gobierno central tendrá que volver a iniciar el expediente, lo cual retrasa el desalojo del camping.

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