Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

La fiscalía de Asturias ya ha presentado su denuncia por presunto delito de prevaricación contra la teniente de alcalde de Carreño, Áurea Gutiérrez, en los juzgados de instrucción de Gijón. El motivo es su intromisión en la tramitación de las multas de tráfico impuestas entre los meses de junio y octubre del año pasado, que podría haber alterado. Tras la presentación el pasado 15 de mayo de una propuesta de denuncia por parte del fiscal instructor, María Luisa García Vega, que fue dada a conocer el pasado miércoles, el siguiente paso era que la denuncia se hiciese efectiva en los tribunales, circunstancia que se produjo el viernes. Ahora, y según indicaron desde la fiscalía, será un juez instructor quien decida sobre el posible delito de prevaricación que se le atribuye a Gutiérrez desde el ministerio fiscal.

«Estamos a la espera de conocer en cuál de los tribunales de instrucción de Gijón ha recalado la denuncia para pedir al juez que se archive el caso», indican fuentes del gobierno carreñense. Gutiérrez se ha defendido señalando que en ningún caso se produjo la retirada de multas, sino tan sólo su revisión, con el fin de poder asesorar a los sancionados sobre los recursos, así como asegurarse de que todas las sanciones se habían hecho conforme a legalidad.

Sin embargo, a juicio de la fiscalía, la edil socialista, «con la finalidad de perjudicar a la Policía, y que no se hicieran efectivas las multas -impuestas por los agentes-, procedió a alterar la tramitación de las mismas, provocando por ello la paralización y dilación de la tramitación de los expedientes, su extravío y prescripción en algunos casos».

El problema tiene su origen en el mes de junio de 2009 cuando, en pleno conflicto entre el Ayuntamiento y la Policía Local, los agentes decidieron aplicar una «huelga de celo» y disparar el número de sanciones a los ciudadanos, una situación que se extendió a buena parte del verano. Las multas pasaron de menos de diez a la semana a 25 al día. Es entonces cuando, según las diligencias del fiscal, la concejala reconoció haber dado la orden de que le fueran entregadas todas las multas de la Policía, con la finalidad de revisarlas personalmente y «asesorar a los ciudadanos sobre la forma de recurrir» si le parecían abusivas o incorrectas.

La respuesta de la Policía Local de Carreño fue enviar un escrito al fiscal advirtiendo de «presuntas irregularidades como la paralización de multas sancionadoras». Tras tomar declaración a Áurea Gutiérrez el pasado 10 de mayo, la fiscalía propuso una denuncia al advertir indicios de prevaricación.