18 de agosto de 2010
18.08.2010

«El precio de la libertad es la vigilancia eterna; si no, se produce la corrupción»

«En las adjudicaciones públicas hay cosas que no se deben hacer aunque no figuren en el Código Penal, para ser un poco más dignos y decentes»

18.08.2010 | 02:00
David Ordóñez Solís, magistrado de lo contencioso.

Magistrado de lo contencioso y experto del CGPJ en derecho de la Unión Europea

M. CASTRO

El magistrado David Ordóñez Solís nació en Aller hace 49 años. Es el titular del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo, además de uno de los diez expertos del Consejo General del Poder Judicial que asesora a los demás jueces de España en materia de derecho de la Unión Europea. No en vano, lleva «25 años trabajando en cuestiones de la Unión Europea», iniciándose en la Administración del Principado, de la que fue asesor para asuntos europeos entre 1986 y 2000. Doctor en Derecho, profesor de Derecho Europeo en la Universidad de Oviedo y autor de varios libros, ayer participó en la jornada que la Feria de Muestras dedicó a Europa.


-¿Cree que en Asturias miramos hacia Europa?


-No nos queda más remedio. Los asturianos tenemos tendencia a mirarnos al ombligo, pero no es la estrategia que va a funcionar y triunfar. Decía Ortega y Gasset hace cien años que España es el problema y Europa es la solución. Sigue siendo lo mismo, matizando tal vez que no vale sólo con ceñirse a Europa; el mundo es más ancho.


-A esta región llegaron gran cantidad de ayudas europeas y se va a cortar el grifo. ¿Un problema más en plena crisis?


-No es que haya sido tanto la inyección financiera comunitaria. Es verdad que llegó a representar un 1% del PIB de España en 20 años y ahora está disminuyendo, pero eso es normal. La UE no ha sido la panacea desde el punto de vista financiero. Ahora estamos en una situación delicada, pero estamos en el euro y hay unos mecanismos institucionales y financieros absolutamente sólidos que nos permiten actuar. La crisis no sólo es institucional y financiera, también es psicológica. Hay que terminar de mirarnos al ombligo y hacer algo.


-¿Son aquellos fondos lo mejor que nos ha aportado Europa?


-En absoluto. Lo menos importante ha sido la financiación.


-¿Y lo más?


-El cambio de mentalidad y de contexto. Estamos en un mercado único y liberalizado, con menos trabas burocráticas y eso significa riqueza. Y la estabilidad política que tiene España se la debe en gran medida al contexto europeo. Hay otro ámbito, uno de los grandes males que tienen España y otros países es la falta de transparencia, la corrupción, el fraude, etcétera; si se aplicasen bien las directivas europeas, no sería así. Por ejemplo, las directivas en materia de contratación pública. El Tribunal de Justicia europeo ha dicho reiteradamente que España no cumple las directivas en materia de contratación. Por otro lado, al hablar sobre fondos europeos hay que ver qué ocurre con su ejecución. El problema ahora no es ya lo que se recibe, que es verdad que se recibe poco, sino que también hay que devolver a Bruselas muchos fondos que no se aplicaron. Cuando esto ocurre, ¿dónde está la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa?


-¿Qué dicen las directiva sobre contratación?


-Que se publiquen los anuncios de contratación y que esté bajo sospecha la adjudicación directa. Que la adjudicación se haga en función de sólo dos criterios: o el precio más bajo o la oferta económicamente más ventajosa. Que no se pongan trabas a los que vienen de otras regiones o países. Eso es lo elemental, porque si no hay una tendencia a dárselo al amigo o al asturiano o al gijonés. El precio de la libertad es la vigilancia eterna, porque cuando no hay ningún control o hay inmunidad se produce la corrupción. No porque se nazca corrupto, sino porque cualquier persona tiene siempre el riesgo de serlo. Cuando aquel que tiene poder o canaliza el dinero sabe que nadie lo controla o que aunque lo controlen no le va a pasar nada, es cuando se produce la corrupción.


-¿Habla de temas penales?


-No sólo. También de cuando una Administración no hace las cosas bien, por ejemplo cuando se fraccionan contratos fraudulentamente para evitar procedimientos engorrosos -pero que son los que permiten hacer un control- o para excluir a proveedores que lo hicieran más barato. Aunque el político o el funcionario no se quede con dinero, siempre va en detrimento del presupuesto. Todas las administraciones tendrían que hacer un esfuerzo por aplicar el derecho europeo de una vez. Las Cortes hacen leyes demasiado comprensivas, que permiten la discrecionalidad para «vestir» una adjudicación ilegal. Hay cosas que no se deben hacer, aunque no figuren en el Código Penal, porque tenemos que ser un poco más dignos y decentes.

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