Miriam SUÁREZ

La reclasificación del suelo afectado por el plan especial de Jove es de tal magnitud que desborda los parámetros que acogen las simples modificaciones urbanísticas». Con esta teoría, Juan Carlos Río encabeza el escrito de alegaciones que la semana pasada presentaba contra el proyecto en representación del Colectivo de Vega. «Se altera sustancialmente la estructura del planeamiento y su diseño», insiste.

Para poder desarrollar la operación de Jove, es necesario cambiar el Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad, recalificando como edificable una superficie de 253.888 metros cuadrados en la que hasta ahora no se podía construir. La Ley del Suelo permite modificar la situación urbanística de un terreno siempre que se destine a vivienda protegida. La de Jove será la primera actuación residencial de Asturias que se acoge a esta fórmula legal.

En opinión del Colectivo de Vega, cuyo objetivo es la defensa del medio rural, la transformación prevista en la parroquia traspasa el contenido de la ley y «debería tener encaje en el procedimiento de revisión del PGO». El Ayuntamiento afronta dicha revisión a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anulase, con una treintena de sentencias desfavorables, el actual planeamiento urbanístico de la ciudad.

La dimensiones del ámbito que se transforma no es el único problema: «La ordenación del ámbito se confía a la futura Ronda Oeste, todavía sin ejecutar y sin plazos ciertos. Por tanto, se infringe la condición de que los suelos resulten integrables en el entramado urbanístico existente, con el que han de mantener una conexión suficiente». Lo que viene a reforzar el argumento vecinal de que «el plan de Jove reconfigura el modelo territorial, entrañando una modificación sustancial de éste».

A través de sus alegaciones, el Colectivo de Vega también llama la atención sobre el hecho de que «no se justifique la necesidad de vivienda, finalidad última de esta actuación, en ninguna parte del documento» que se está sometiendo a información pública. Y muestra su disconformidad con el criterio que resta valor paisajístico al entorno -entre la carretera de la Campa y el cementerio parroquial- donde se llevará a cabo la urbanización, donde se construirán unas 1.900 viviendas.

Que se vaya a instalar un sistema de recogida subterránea de basuras o algunos de los últimso avances en ahorro energético no aplaca las críticas de los vecinos. Es más, «los centros de cogeneración de energía funcionan como una especie de mini centrales térmicas, que implican ruido y emisiones a la atmósfera», advierte el colectivo, partidario de someter todos estos equipamientos comunitarios a la evaluación y control de las autoridades mediambientales «tan pronto como estén claras las líneas generales del plan especial, incluso antes de la aprobación inicial».

Y van más allá: «Debería dejarse sin efecto este trámite de información pública hasta que no se proceda a un análisis de conformidad con la legislación ambiental». El plan de Jove, promovido por la sociedad Áreas Residenciales Concertadas, cuenta con el pleno respaldo del Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Gijón, que ven en esta operación una oportunidad de ampliar la oferta de vivienda asequible de la ciudad.