R. VALLE

El Partido Popular exigirá la inmediata reincorporación de su edil Eduardo Junquera al consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) al tiempo que el equipo de gobierno de Paz Fernández Felgueroso tramitará de nuevo el expediente que llevó a su destitución de este órgano en febrero del año 2009 para ratificar la resolución tomada en aquel momento. Ésas son las contradictorias decisiones políticas tomadas ayer en diferentes plantas de la Casa Consistorial a cuenta de dos dictámenes judiciales sobre el tema que han coincidido en el tiempo.

El PP se agarra a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula la decisión de destituir a Junquera por considerar que hubo una vulneración de los derechos fundamentales del edil a partir de un defecto formal en la convocatoria de la junta general de accionistas de la empresa (que es el Pleno del Ayuntamiento), mientras que el gobierno local compensa este fallo con otro del tribunal contencioso administrativo de Gijón en el que no se detectan ilegalidades ni en la forma ni el fondo de la destitución. «Ante esta diferencias hemos resuelto tramitar de nuevo el mismo expediente», explicaba el edil socialista José María Pérez, en nombre de la Junta de Gobierno, que aglutina a los ediles del PSOE e IU y que tenía acceso a ambas sentencias durante su reunión de ayer.

Eduardo Junquera fue destituido a principios de 2009, tras haber denunciado supuestas irregularidades en la contratación por parte de la EMA de una empresa de Emilio Noval -ex concejal del PP que se enfrentó a la dirección local de su partido- para realizar un estudio sobre recursos hídricos en el concejo. La denuncia del caso no prosperó en el ámbito judicial, pero ayer mismo Junquera se ratificaba en la existencia de irregularidades administrativas y su obligación de denunciar «un supuesto caso de corrupción vinculado a pagar con dineros públicos los trabajos políticos realizados por Emilio Noval para José Manuel Sariego (secretario general del PSOE) para perjudicar al Partido Popular».

La decisión de destituir a Junquera de su puesto en el consejo de administración de la EMA se argumentó en la deslealtad e incumplimiento que de sus funciones como consejero había realizado el edil popular al publicitar informaciones internas de la empresa y haber facilitado datos sobre terceros que podían generar problemas de responsabilidad patrimonial a la empresa. La petición de cese fue gestionada por la concejala Dulce Gallego como presidenta de la EMA y ratificada en el salón de plenos en febrero de 2009 por la Corporación constituida en junta de accionistas. La sesión no contó con la participación de los ediles del PP, que consideraban nula la convocatoria por haber sido realizada por la presidencia de la empresa y no por su consejo de administración. Este matiz es el que ahora pone en valor la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

«No puse en riesgo el interés de la empresa. Al contrario, defendí sus intereses y los de sus propietarios, que son todos los gijoneses. Tampoco se ha determinado ningún daño objetivable a la empresa», explicaba ayer Junquera como defensa final de su acción y con la esperanza de poder incorporarse cuanto antes al sillón que dejó vacío «y que no ocupó otra persona del PP porque hubiera hecho lo mismo que hice yo».