M. CASTRO

La eliminación de la escombrera norte de Mina La Camocha, la mayor de las dos emplazadas en los antiguos terrenos mineros, podría llegar a costar unos cuatro millones de euros, según el informe técnico en el que se apoya la administración concursal de la empresa en liquidación para justificar su decisión de haber regalado parte de esos escombros a la UTE Dique Torres, que los empleó como relleno en la obra de El Musel.

La obra portuaria sólo consumió 686.052,49 toneladas de escorias de Mina La Camocha, lo que representa una cuarta parte de las que se acumulaban en los dos vertederos de estériles que se crearon durante décadas de actividad minera. En ambas escombreras aún quedan 1,99 millones de toneladas (de las que 1,56 millones corresponden a la escombrera norte, la usada para rellenos de El Musel y los 0,43 millones restantes, a la sur).

El director facultativo de Mina La Camocha, Marcelino González, elaboró un informe en el que había cifrado en más de cuatro millones de euros el traslado del material de la escombrera norte a la sur y la construcción de una escollera de contención de cuatro metros de alto; unos trabajos que tardarán en ejecutarse entre tres y cuatro años. Ese cálculo fue efectuado antes de la retirada de menos de un tercio de la escombrera norte para relleno de El Musel. El mismo técnico había cifrado en medio millón de euros o, a lo sumo, 600.000 euros el coste de restauración de los terrenos ocupados por las escombreras, en un plazo de ocho a doce meses, si Dique Torres se hubiera llevado las dos escombreras completas para rellenos portuarios.

La administración concursal de Mina La Camocha asumió el planteamiento del director facultativo, lo que le llevó a ceder gratuitamente las escombreras a Dique Torres, si bien la unión empresarial que ejecutó la obra de puerto no se comprometió a utilizar todo el material.

En su informe, Marcelino González cuestiona que las escombreras sean activos de la empresa (la administración concursal las valoró en 5,27 millones de euros), sino que considera que son realmente una carga, por el coste que puede suponer su eliminación.