M. CASTRO
El titular del Juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decretó ayer la libertad provisional sin fianza de los tres dirigentes del PCPE detenidos bajo la acusación de dañar dos cajeros automáticos en Langreo, tal como solicitaron la fiscalía y la defensa. El juez también se inhibió a favor del Juzgado de instrucción número uno de Langreo, al considerar que los hechos que se investigan no son constitutivos de un delito de terrorismo.
El magistrado corrige de esa forma la decisión de la brigada de información de la Comisaría de Policía de Gijón, que aplicó a los dirigentes comunistas el artículo 577 del Código Penal: la legislación antiterrorista prevista para hacer frente a la «kale borroka» de los proetarras en el País Vasco. Desde la Comisaría gijonesa declinaron ayer valorar la decisión del juez.
Los hechos que se investigan son el lanzamiento de sendos cócteles molotov contra dos cajeros automáticos de Riaño y Lada, en Langreo, el 15 de enero. Unos hechos que se supone que están relacionados con las protestas que en aquella fecha se vivieron en Langreo dentro del conflicto laboral de Duro Felguera. Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron ayer: «Quemar cajeros dentro de una protesta laboral de una empresa que está echando gente a la calle no encaja dentro del artículo 577». La Policía envió a estos jóvenes a la Audiencia Nacional al relacionar esos hechos con otra investigación anterior que se está siguiendo en la misma.
Los tres dirigentes del PCPE que ayer quedaron en libertad son J. I. F. A., miembro del comité central del partido e integrante de la candidatura a las elecciones municipales de Carreño al igual que V. R. G. y el responsable político de las juventudes del partido y candidato en las elecciones municipales de Gijón, S. N. S. Los dos primeros fueron arrestados el martes por la tarde y el tercero el miércoles de madrugada. La Policía también había detenido y dejado en libertad a los mierenses J. R. F. y S. F. G.
El abogado de los comunistas, Raúl Martínez Turrero, habló ayer de «actuación desproporcionada de la Policía» y señaló que la decisión de la Audiencia de inhibirse «confirma lo que venimos diciendo desde el primer momento». Añadió que el atestado policial sobre el incendio de los cajeros señala que es imposible identificar a los autores. Según el abogado, la Policía acusó a los dirigentes del PCPE porque tenía pinchados sus teléfonos y a través de esos pinchazos determinó que el día de los hechos habían ido a Langreo, donde apoyaron las protestas de los trabajadores de Duro. «Queremos que se investigue a fondo para alejar cualquier sombra de sospecha de estos chavales», indicó el letrado.
