El Tribunal Superior entra a valorar la paralización cautelar del plan urbanístico

Miriam SUÁREZ

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha admitido a trámite la solicitud presentada por la Asociación de Vecinos «San Emiliano» de Vega para la suspensión cautelar del nuevo Plan General de Ordenación (PGO). Esta petición se integra dentro del contencioso interpuesto por la parroquia gijonesa hace poco más de un mes, aunque los magistrados competentes en el caso han decidido analizarla como pieza separada, dándole prioridad sobre el grueso del procedimiento administrativo.

No habrá que esperar, por tanto, a que se dicte sentencia sobre el contencioso de Vega para que el TSJA resuelva la posible paralización del planeamiento urbanístico gijonés. Algo que juega a favor de la asociación vecinal «San Emiliano», que insiste en la ilegalidad del Plan de Ordenación que dejó aprobado el anterior gobierno municipal. Según sus portavoces, el documento incurre en las mismas irregularidades que el PGO anulado por el alto tribunal asturiano hace ahora dos años.

Adoptar medidas preventivas -sostienen los vecinos- evitaría situaciones urbanísticas irreversibles, en caso de que se vuelva a anular judicialmente la normativa que ordena el crecimiento de la ciudad. El nuevo PGO contempla la construcción de unas 21.000 viviendas, de aquí a los próximos diez años. Muchas bolsas de suelo residencial ya podrían estar en vías de desarrollo cuando el Tribunal Superior se pronuncie sobre el contencioso de «San Emiliano».

La de Vega no es la única asociación que cuestiona la legalidad del PGO que entró en vigor el pasado 20 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales y autonómicas que desalojaron a los socialistas de la Alcaldía de Gijón y del Gobierno del Principado. El Ayuntamiento, ahora en manos de Foro Asturias Ciudadanos (FAC), tiene constancia de que ya hay presentadas 25 demandas contra el nuevo Plan General de Ordenación.

El Colectivo en Defensa del Medio Rural, también de Vega, figura en esa lista. Su contencioso fija la atención sobre las 1.200 viviendas previstas en la vecina parroquia de Granda y el proyecto residencial que propiciará la desaparición de El Muselín como barrio de Jove. El colectivo pide para estas dos operaciones la nulidad y la paralización cautelar que la Asociación de Vecinos «San Emiliano» reclama para todo el planeamiento. De momento, no ha obtenido respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La zona rural, como ya ocurrió con el anterior PGO, es el motor de la lucha ciudadana contra el urbanismo gijonés. La Federación «Les Caseríes», que agrupa a la práctica totalidad de las parroquias, ya avisó de que emprendería medidas legales antes de que se aprobase definitivamente el PGO. Sus representantes están convencidos de que la zona rural -que consiguió más de una treintena de sentencias anulatorias contra la anterior normativa urbanística- volverá a tumbar el Plan General de la ciudad.