01 de diciembre de 2011
01.12.2011

La juez fija una fianza de 22,73 millones de euros para los acusados del «caso Camocha»

La magistrada que instruye el sumario podría ordenar el embargo de los bienes de los encausados de no cubrirse la cantidad señalada

01.12.2011 | 01:00
Al fondo, el castillete del pozo número 3 de Mina La Camocha.

M. CASTRO
M. C.
La titular del Juzgado de instrucción número cuatro de Gijón ha requerido a los cinco imputados en el caso del supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha para que depositen en el Juzgado una fianza de 22,73 millones de euros, para asegurar el pago de las responsabilidades pecuniarias que se produzcan en el caso de que sean condenados. El supuesto fraude, cometido entre 1998 y 2000, consistía en la adquisición de carbón más barato para venderlo a la térmica de Aboño como producción propia.

Esta medida cautelar llega después de que el fiscal y el abogado del Estado hayan formulado acusación contra cinco directivos de Mina La Camocha y de dos empresas que le suministraban carbón (Trabajos y Explotaciones y Hullas del Coto Quirós), al considerar que participaron en el supuesto fraude cometido entre 1998 y 2000. El fiscal pide para los acusados nueve años de cárcel, además del pago de 34,18 millones de euros, la mitad (17,09 millones) en concepto de indemnización y la otra mitad como multa. La fiscalía también pide que las empresas citadas sean declaradas responsables civiles subsidiarias de la indemnización de 17,09 millones señalada.

La fianza cuyo depósito reclama la magistrada es conjunta y solidaria para los cinco imputados. Esto es, responden todos de la totalidad. En el caso de que no se cubran los 22,73 millones de euros, la juez podrá solicitar a las fuerzas de seguridad del Estado que investiguen el patrimonio de los acusados, para proceder al embargo de sus bienes hasta que considere que quedan cubiertas las garantías económicas que les solicita.

Entre 1998 y 2000, Mina La Camocha recibió 15.448 millones de pesetas (92,85 millones de euros) de subvención para compensar las pérdidas derivadas de la producción minera. Inicialmente la fiscalía y la Guardia Civil cifraron el supuesto fraude en la práctica totalidad de las ayudas, 87,75 millones de euros, cantidad que se redujo posteriormente a los 17,09 millones de euros citados al atender la Audiencia Provincial al criterio que formuló el Ministerio de Economía al calcular la supuesta malversación, multiplicando las 90.000 toneladas que se estima que Camocha adquirió irregularmente por la diferencia del precio de éstas con las producidas.

El abogado del Estado ha presentado un escrito de acusación en el que solicita una pena de diez años y medio de cárcel para cada uno de los cinco imputados por el supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha, lo que supone una petición de un año y medio más que la formulada por el ministerio fiscal.

Al igual que la fiscalía, el abogado del Estado considera que en este caso se han producido tres delitos de supuesto fraude de subvenciones, uno por cada año investigado. Por cada supuesto delito solicita tres años y medio de cárcel para cada encausado, lo que suman los diez años y medio en total referidos.

En lo que sí coincide con la fiscalía el abogado que representa los intereses de la Hacienda pública es en solicitar una indemnización de 17,09 millones de euros y una multa de otro tanto.

El abogado del Estado elaboró su escrito de acusación el pasado mes de abril, antes incluso de que la Audiencia Provincial desestimase el recurso que habían presentado las defensas de los imputados contra el auto de octubre de 2010 en el que la juez daba por concluida la investigación imputando a cinco directivos.

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