04 de diciembre de 2011
04.12.2011

El «caso Camocha», camino de juicio Del mar a la mina

l Tras doce años de investigación e instrucción judicial, la Fiscalía ha formulado acusación contra cinco directivos
l La Audiencia Provincial impidió en dos ocasiones que se archivara el proceso por el supuesto fraude de 17,09 millones de euros

04.12.2011 | 01:00
El «caso Camocha», camino de juicio Del mar a la mina

M. CASTRO

De las minas tiene que salir carbón, pero en la de La Camocha entraba y a raudales. Los que fueran responsables de la explotación hullera gijonesa han tratado de justificarlo con complejas argumentaciones jurídicas. Pero lo antinatural de la práctica era tan evidente que Mina La Camocha recurrió supuestamente a artimañas para ocultar la compra del mineral, que luego revendía a la térmica de Aboño como si fuese su producción. Las subvenciones que el Estado da a la ruinosa minería del carbón subterráneo, y que permiten mantener a las familias de los que cada día se juegan la vida a centenares de metros bajo tierra, se destinaron supuestamente a comprar carbón mucho más barato. El negocio era redondo hasta que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción decidieron sumarse a la procesión de camiones cargados de hulla que subían periódicamente hasta la mina. Ahora el caso está a punto de llegar a juicio, tras más de doce años de investigación. En el banquillo se sentarán cinco personas para dirimir su responsabilidad o su inocencia.


La Fiscalía acusa a tres antiguos directivos de Mina La Camocha, su presidente, Manuel Martín Martín, su director general, Víctor Zapico Zapico, y su responsable de contabilidad, Margarita García Fernández. Para cada uno de ellos pide nueve años de cárcel, los mismos que para otros dos directivos de empresas que la trama supuestamente usaba para la compra del carbón: Ángel Manuel García Brugos, administrador único de Hullas del Coto Quirós, y el apoderado de esta empresa y también de Trabajos y Explotaciones, Guillermo Honrubia Álvarez. El abogado del Estado eleva a diez años y medio su petición de cárcel para los acusados, que continúan negando su participación en los hechos.


El trasiego a plena luz del día o de noche de camiones para descargar carbón junto al lavadero de la mina tuvo lugar entre 1998 y 2000. Esos extraños movimientos llamaron la atención de vecinos de la parroquia gijonesa y de los propios mineros que preguntaron a sus representantes sindicales, incluso en asambleas, qué pasaba.


Lo que pasó es que la Guardia Civil inició una investigación de oficio, que bautizó como «operación Baltasar», cuya conclusión fue que entre 1998 y 2000 Mina La Camocha adquirió unas 90.000 toneladas de carbón importado o de cielo abierto, lo mezcló con su propia producción y lo revendió a la térmica de Aboño. La investigación concluyó que una parte del mineral se importaba por los puertos de El Musel y Avilés y otra procedía de la mina de cielo abierto de Hullas del Coto Quirós (con los mismos propietarios que Mina La Camocha). Otra de las vías que se investigaron fue la entrada de carbón procedente de la mina de Tineo González y Díez, que no podía justificar toda la producción al haber cobrado subvenciones para reducirla. En aquella época González y Díez era filial de Mina La Camocha.


Según la Fiscalía, una parte del carbón la importaba directamente la empresa minera, justificándola como mineral para vales del carbón de empleados y jubilados. El resto, la mayor parte, se lo suministraba Trabajos y Explotaciones o Hullas del Coto Quirós, que emitían facturas por conceptos distintos y de difícil comprobación. La mezcla de carbones (el importado, que costaba una quinta parte, era de peor calidad que el producido en la explotación) fue detectada en varias ocasiones por Hidrocantábrico, que así se lo comunicó a Mina La Camocha.


En el sumario del caso, con unos 6.000 folios, se acumulan las pruebas del supuesto fraude. Desde vídeos de las vigilancias que a finales de 1999 efectuó la Guardia Civil hasta los informes periciales sobre la diferencia entre la producción real de la explotación y la declarada o sobre los movimientos de dinero entre Mina La Camocha y las empresas que usaba como tapadera para adquirir el carbón.


El supuesto fraude ha sido cuantificado en 17,09 millones de euros, cifra que la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman a los acusados como indemnización, de los cuales serían responsables subsidiarias las empresas implicadas en la trama, ya sin actividad. Para hacer frente a la misma, la juez les ha requerido que depositen una fianza de 22,7 millones de euros. Además de la indemnización, las acusaciones también reclaman una multa de otros 17,09 millones de euros.


El caso pasará a juicio a un Juzgado de lo penal, poniendo así fin a una instrucción judicial que arrancó en abril de 2001, cuando la Fiscalía Anticorrupción interpuso la denuncia. Ese mismo mes el Juzgado ordenaba el registro de Mina La Camocha. En diciembre de ese año la Guardia Civil detenía a catorce personas, de las que once fueron imputadas judicialmente. Finalmente, la Fiscalía sólo ha encontrado argumentos para acusar a cinco. Uno de los que no verán el juicio es quien fuera máximo accionista de Mina La Camocha, el empresario Fernando Luis García Brugos, que falleció en agosto de 2010. La complejidad del caso, que el Juzgado archivó en dos ocasiones y la Audiencia Provincial reabrió otras tantas, ha alargado la instrucción durante una década. En ese tiempo, la mina gijonesa ha cerrado y todos sus trabajadores o bien se han prejubilado o han sido recolocados en Hunosa. La empresa quebró a finales de 2007 y el Ministerio de Industria pasó a reclamarle la devolución de 131,23 millones de euros de los 218,55 que la mina recibió entre 1998 y 2007. La deuda total de la empresa en liquidación supera los 162 millones, de los que 12,68 son impagos a prejubilados.


La supuesta trampa con las ayudas llevó al Ministerio de Industria a recortar en un 37,83% las subvenciones a Mina La Camocha en 2002. La empresa interpuso un contencioso contra esa decisión y usó ese pleito administrativo como argumento para frenar el caso penal al sostener que las ayudas eran independientes de la producción. El Tribunal Supremo dijo otra cosa en la sentencia: «La tesis, llevada a su límite, implicaría tanto como que las empresas mineras beneficiarias podrían exigir, año tras año, en el horizonte temporal fijado, las ayudas previstas en el plan incluso en el caso de que su producción fuera cero, lo que es inaceptable». O sea, que las ayudas para sostener una actividad productiva deficitaria no pueden convertirse en jauja.

El 7 de diciembre de 1999 una flotilla de camiones transportó un cargamento de carbón que había desembarcado el granelero «Husnes» en el muelle de Raices en Avilés hasta una explanada próxima al lavadero de Mina La Camocha. En la imagen superior, los camiones cargando en Avilés. Sobre estas líneas, descargando en Mina La Camocha.

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