Las obras previas al plan especial de las vías están resultando más problemáticas de lo que parece. Y no sólo porque la sociedad Gijón al Norte tenga todavía sin pagar una parte de las actuaciones ya ejecutadas. También complica la operación el hecho de que algunas de las empresas adjudicatarias deban, a su vez, los servicios auxiliares contratados con distintas firmas de la región. El asunto va camino de los tribunales.
El conflicto en cuestión tiene su origen en las obras de levantamiento y demolición de las infraestructuras ferroviarias existentes entre El Humedal y Moreda. El proyecto fue adjudicado por 5,9 millones de euros a una unión temporal de empresas formada por Intervías Levante y Excavaciones Erri-berri, que entregaron la primera fase de los trabajos hace ya siete meses. A la espera de recibir el dinero pendiente de Gijón al Norte, Intervías tampoco salda sus cuentas.
Empresas auxiliares afectadas por la situación han decidido reclamar en el Juzgado lo que se les debe, ante el temor de que la compañía patine con la crisis y no responda por sus impagos. A día de hoy, el acuerdo entre las partes no parece posible. De ahí que se haya puesto el asunto en manos de un bufete de abogados, que ya está formalizando la correspondiente denuncia.
Los demandantes barajan la posibilidad de incluir a Gijón al Norte en el procedimiento legal. De esta forma, harían responsable subsidiaria a la sociedad que gestiona el plan especial de las vías, como garantía de cobro en caso de que la compañía adjudicataria del desmantelamiento ferroviario llegue a declararse insolvente en el futuro. Se trata, en definitiva, de curarse en salud.
Los trabajos ya realizados dejaron libre de uso ferroviario el ámbito de las vías, demoliendo la estación de Jovellanos y retirando hasta las toperas de El Humedal toda la trama de catenarias y traviesas. Además, se construyó un paso peatonal entre Sanz Crespo (antigua prolongación de la autopista «Y») y Poniente, primera evidencia material de lo que supondrá el soterramiento del ferrocarril para el casco urbano.
La operación transformará más de 160.000 metros cuadrados de suelo, cuya urbanización no podrá iniciarse hasta que Intervías Levante y Excavaciones Erri-berri puedan desmontar la estación de El Humedal. Algo que no depende ni de la unión temporal de empresas ni de Gijón al Norte. Esta segunda fase de obras tendrá que esperar a que entre en funcionamiento el nuevo Palacio de Justicia. Su puesta en marcha, prevista para el primer trimestre de 2012, se ha pospuesto para septiembre.
Sólo entonces se podrá desalojar el edificio judicial de Poniente, que el Gobierno del Principado ofreció en su día a Feve para que trasladara las oficinas que aún mantiene en El Humedal. Mientras eso se produce, la compañía de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha no se moverá de donde está y, como consecuencia, el plan de vías seguirá en punto muerto.
El soterramiento ferroviario gijonés lleva planificándose desde hace una década. De la operación sólo se ha ejecutado, hasta la fecha, la primera fase de obras previas y una estación provisional que permite desarrollar el plan de vías sin que haya que alterar el tráfico de trenes de la ciudad. En este caso, Gijón al Norte tampoco ha saldado todas las facturas, siendo especialmente importante la deuda que la sociedad tiene pendiente con Ceyd.
La firma asturiana, especializada en obra pública, llevó a cabo el equipamiento junto con Vías y Construcciones. La terminal, situada en la calle de Sanz Crespo, bajo el viaducto de Carlos Marx, está presupuestada en 9,8 millones de euros y se inauguró en enero de 2011. En la actualidad, Ceyd atraviesa una situación económica muy delicada, en parte por los impagos de las Administraciones Públicas, cuya liquidez se ha desgastado con la crisis.
