R. GARCÍA

Se fue de un hotel de Gijón sin pagar los 14 días que había estado alojada y dejando una deuda de casi 400 euros pero, a pesar de todo, fue absuelta de la denuncia presentada por los responsables del establecimiento hotelero. El Juzgado de instrucción número 1 de Gijón acaba de dejar libre de cargo a una mujer a la que se acusaba de un delito de estafa. Los magistrados encargados del caso entienden que no hubo «ánimo de lucro».

La juez escuchó durante la vista oral del juicio a todas las partes implicadas excepto a la acusada, que no llegó a comparecer ante el tribunal dejando claro, en palabras de la abogada acusadora, «su pasotismo en este procedimiento». La magistrada señala en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, que el dueño del establecimiento fue el que impuso la denuncia contra la acusada por un supuesto caso de «impago», pero mantiene que no ha quedado acreditada la concurrencia de los requisitos que integran la falta de estafa de la que la venía acusando a la clienta la acusación particular, ejercida por el denunciante.

«No se practica así prueba alguna que aún de forma indiciaria pudiera determinar que efectivamente la denunciada con su conducta, y aún admitiendo que se hubiera ido de la pensión sin pagar, actuara guiada por ánimo de lucro, o hubiera mediado engaño, y en suma nos encontramos en el mejor de los casos ante un mero incumplimiento civil», asegura la juez, que invita a las partes a reclamar vía civil y no penal la cantidad de dinero supuestamente defraudada. La juez asegura que «la conclusión no puede ser otra que la de entender que el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española no ha sido desvirtuado de lo actuado».

La sentencia, que se acaba de hacer pública, aún puede ser recurrida ante la sede gijonesa de la Audiencia Provincial de Asturias. A pesar de todo, fuentes letradas consultadas por este periódico aseguran que no se recurrirá el fallo y que se intentará solucionar el problema por la vía civil para conseguir, al menos, que la ahora denunciada haga frente al pago de la factura de los 15 días de alojamiento que dejó sin pagar. La vía de los juzgados civiles podría ser ahora, por tanto, la elegida por los responsables del establecimiento.