R. GARCÍA

A pesar de que hace casi cuatro años que el edificio de Hacienda situado en la zona de Fomento de Gijón abrió sus puertas, la obra continúa encareciéndose. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acaba de condenar a la Agencia Tributaria al pago de 232.465 euros a la empresa adjudicataria de estos trabajos de construcción, Obrascón Huarte Laín (OHL). Con el dinero, los magistrados pretenden paliar los perjuicios que, a su juicio, sufrió la constructora como consecuencia de la paralización de los trabajos que tuvo lugar durante ocho meses tras la detección de agua cerca de la superficie del solar.

La proximidad al mar de la parcela de Fomento, ubicada frente al Puerto Deportivo, hizo que la cimentación se encontrara con numerosos problemas que llegaron incluso a encarecer el precio de la obra, que aunque en un primer momento fue adjudicada por poco más de seis millones de euros, acabó costando unos siete millones, cifra en la que además se incluyeron las partidas destinadas al mobiliario y acondicionamiento.

Los constructores tuvieron que llegar hasta la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional después de que la propia Agencia Tributaria denegara el total de la indemnización que en su día habían solicitado desde OHL. En lo único que estaban de acuerdo las partes, tal y como reflejan los jueces en su sentencia, «es en la existencia de una obligación por parte de la Administración de pagar los daños y perjuicios efectivamente sufridos y el derecho del contratista a ser indemnizado». «El contratista tiene derecho al cobro de la obra efectivamente ejecutada y a no verse perjudicado por los desequilibrios económicos ocasionados en el contrato como consecuencia de causas no imputables al propio contratista», concluyen los jueces encargados del caso.

En definitiva, la Audiencia Nacional admite que OHL tiene derecho a la «indemnización pretendida en relación los gastos (además de los reconocidos por la Administración), los indirectos a que se refiere el perito en su dictamen y por los incrementos de los costes, en una cuantía total de 232.465 euros». Los magistrados anulan por tanto la resolución de la Agencia Tributaria y reconocen la validez de la indemnización solicitada por la adjudicataria.