Miriam SUÁREZ

Las noticias de que la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) pasa apuros remueve viejas heridas en San Andrés de los Tacones. Hace siete años, la parroquia advirtió de que el proyecto era excesivo y «no se podía hacer obras por hacer» cuando estaban en juego las propiedades de más de un centenar de vecinos. El tiempo y la crisis económica les han dado la razón y ahora exigen a los responsables del proyecto que «den la cara».

La zona logística es una de las principales preocupaciones de San Andrés de los Tacones desde finales de 2004. Ayer, la junta directiva de su asociación vecinal abordaba de nuevo el asunto ante la incertidumbre que está generando en la zona el hecho de que las obras se hayan ralentizado, los accesos previstos sufran considerables retrasos y no se haya conseguido comercializar ni el 1 por ciento del suelo disponible en la primera fase de la ZALIA.

Todo ello fruto de la delicada situación financiera que atraviesan las administraciones públicas y, por extensión, la sociedad promotora de la ZALIA. Dicha sociedad estaba participada por el Principado, las autoridades portuarias de Gijón y Avilés, y los ayuntamientos de ambos municipios. El nuevo Gobierno autonómico ha cambiado de manos las labores de gestión, poniendo al descubierto unas cuentas muy escasas de fondos.

«Pero falta que vengan a la parroquia a responder la batería de preguntas que tienen los vecinos», replican los portavoces de San Andrés, que harán una solicitud formal a las partes implicadas en el proyecto. «La Administración nos tiene olvidados, antes y ahora. Como somos una parroquia de poco más de 200 habitantes, nos abandonaron a nuestra suerte», denuncian quienes, hoy por hoy, no pueden disponer libremente de sus propiedades, porque están incluidas en la mancha de suelo que el planeamiento urbanístico gijonés destina a la ZALIA.

Para dar una idea de la situación, la directiva vecinal de San Andrés explica que «los afectados no pueden hacer nada con sus casas o fincas, salvo vendérselas a la ZALIA por mutuo acuerdo o resignarse a la expropiación forzosa. Una reparación importante te la piensas, porque ¿quién va a gastar dinero cuando no sabe qué va a pasar ni cuándo? Han devaluado nuestras propiedades y han destrozado la parroquia». Por eso, exigen explicaciones «ya» sobre el futuro de un proyecto que, en su opinión, debería revisarse.

Una vez iniciada la urbanización de las primeras 107 hectáreas de la ZALIA, los responsables de la iniciativa siguieron comprando suelo en la zona para una segunda fase. La adquisición de terreno se ha suspendido. «¿Qué va a pasar con nosotros?», insisten los representantes vecinales, al tiempo que lanzan un aviso a navegantes: «Tenemos un recurso en el Supremo contra el proyecto y el tribunal todavía no se ha pronunciado al respecto». No descartan, entre tanto, adoptar alguna medida de presión.