El presidente de El Musel, que negocia el plan de empresa anual para la terminal gijonesa con Puertos del Estado, organismo que depende del Ministerio de Fomento, optó por incorporar a las cuentas de 2011 la cantidad de 13,6 millones de euros derivada de las obligaciones contraídas por la obra del «superpuerto»; pero, tal como publicó este diario, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas permitía diferir escalonadamente en otros ejercicios ese compromiso. Es más, hasta ha recomendado acogerse a esa medida para evitar que un puerto estatal deba recurrir a una brutal subida de tasas, a lo que obligaría la ley de puertos por su principio de autosuficiencia económica, para afrontar la carga financiera.
«La grave situación económica por la que atraviesa el puerto está causada tanto por la mala gestión del equipo socialista anterior como por tener que afrontar los sobrecostes heredados de la obra de ampliación y consiguiente amortización financiera», declaró ayer Emilio Menéndez, sin hacer referencia a la posibilidad abierta por el citado instituto para escalonar esos compromisos económicos. La Autoridad Portuaria hizo pública ayer una nota en la que acusa a su anterior equipo directivo, encabezado por Fernando Menéndez Rexach, de «mala gestión» y en la que recuerda que el saliente ministro de Fomento, José Blanco, aprobó unos «importantes sobrecostes» por la ampliación de El Musel.
El sobrecoste por el «superpuerto» está entre los 150 y los 216 millones (sin IVA). Sobre la cantidad final hay una fuerte discrepancia entre los resultados de la tasación técnica de Fomento y las empresas que hicieron la obra. El Puerto tiene que devolver 250 millones al Banco Europeo de Inversiones (BEI), además de otros 215 millones a Fomento. La principal dársena asturiana volvió a perder tráficos el año pasado, con una caída del 3,39 por ciento respecto al ejercicio de 2010, que ya fue muy malo por la caída de la actividad económica.
Mercedes Fernández, «Cherines», describió ayer la situación de Asturias como «delicada». Y afirmó en este sentido que un alza de las tarifas podría «disuadir» a muchas de las empresas que operan en la dársena gijonesa. El Musel es la principal terminal de graneles sólidos de España gracias al uso intensivo que hacen de ella empresas como Hidrocantábrico, Tudela Veguín o Arcelor, que ya tiene en estudio recortes para su siderúrgica de Veriña. La candidata y líder del PP subrayó que es importante lograr «estabilidad y confianza», tras hacer resaltar su preocupación por que el Puerto no se haya planteado la posibilidad de escalonar los 13,6 millones de euros de la amortización.
Ovidio de la Roza constataba ayer, por su lado, que en los últimos años «no se han controlado los costes» en la gestión de la Autoridad Portuaria -«es un hecho evidente», aseveró-, pero la intención de los actuales gestores de la dársena de aumentar las tasas a las empresas que operan en el puerto implica, además, una pérdida de competitividad en un momento en que la prioridad debería ser la captación de nuevos tráficos. Se trata, en palabras del presidente de Asetra, de una decisión que «castigará muchísimo» a los usuarios del puerto y a las empresas asturianas. A su juicio, sería conveniente buscar un momento con mejor coyuntura económica para realizar las amortizaciones correspondientes de la puesta en explotación de las obras de ampliación de El Musel. «Subir las tasas en este momento no es la mejor práctica. Tendrá una repercusión negativa para empresas como Arcelor o Alcoa», advirtió el presidente de Asetra, quien echa en falta otra política que evite que la carga de actividad se vaya hacia otras dársenas del cantábrico como Santander, Bilbao o Vigo. Además, los transportistas recuerdan que el Puerto debería ser también un agente «facilitador» de unos mejores accesos, apostando «con riesgo» por proyectos como la ZALIA. «No podemos convertir El Musel en un desierto», indicó, además de defender que Asturias «debe volcarse con la logística».
