M. CASTRO

El Consejo de Ministros incluyó ayer a EBHISA, la terminal de graneles sólidos de El Musel, dentro del plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal, que llevará a la privatización o desaparición de 45 empresas y 9 fundaciones públicas. El Ministerio de Fomento posee el 68,8% de las acciones de EBHISA a través de la Autoridad Portuaria de Gijón.

La privatización de EBHISA ya estaba prevista desde la aprobación de la ley de puertos del año 2003, consensuada por el PP y el PSOE, que obligaba a la privatización de forma escalonada de empresas públicas portuarias. Los anteriores responsables de El Musel ya intentaron la venta de EBHISA, para lo que contrataron los servicios de la consultora EC Harris, quien comenzó ofreciéndola por 150 millones de euros a cuatro firmas interesadas en la compra y acabó rebajando el precio a 70 millones primero y a 50 finalmente.

Los actuales gestores de El Musel rescindieron aquel contrato con EC Harris, ante las malas perspectivas para vender la terminal a buen precio en un momento en el que la crisis ha mermado las descargas de graneles de forma drástica. La decisión del Consejo de Ministros obliga ahora a buscar comprador de forma inmediata para esta terminal, que es la más importante de El Musel. La decisión del Consejo de Ministros también puede acabar cortocircuitando los planes de la Autoridad Portuaria para sanear la empresa y devolverle la liquidez mediante el aval de un préstamo bancario y una ampliación de capital a la que no acudirían todos los socios, tal como se analizó en su última reunión el consejo de administración de EBHISA, que tiene una deuda de 7 millones de euros, principalmente por el aplazamiento de pago de tasas a la Autoridad Portuaria. Junto al Puerto, también son socios de EBHISA Arcelor-Mittal (11,2%), Oligsa (10%), HC Energía (5%) y Corporación Masaveu (5%).

Además de EBHISA, Fomento también privatiza Portel Servicios Telemáticos, que es la empresa pública que gestiona la contabilidad de todos los puertos de interés general del Estado.