M. CASTRO

Oligsa, la empresa logística que explota el almacén de graneles sólidos de la explanada de Aboño, ha presentado un recurso contra la decisión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de incoar un expediente de caducidad de la concesión, cuando faltan 20 años para que venza la misma. Oligsa atraviesa por una delicada situación financiera que la ha llevado al concurso de acreedores y a no disponer de liquidez para pagar las tasas de la Autoridad Portuaria. El impago de tasas y el incumplimiento del tonelaje mínimo que debía mover anualmente la empresa, junto a la declaración del concurso, es lo que ha llevado al Puerto a iniciar los trámites para retirarle la concesión. La empresa ha presentado el recurso inicialmente ante la propia Autoridad Portuaria. En el caso de que no prospere, le quedará la vía judicial.

El presidente de Oligsa, Manuel Robledo, señala que «nos consideramos maltratados por la Autoridad Portuaria», después de que ésta haya iniciado el expediente de caducidad y ejecutado el aval de casi un millón de euros que la empresa depositó como garantía cuando el Puerto le dio la concesión, hace diez años. «Son medidas excesivas y sobre todo prematuras», agregó el presidente de la empresa.

Robledo hace esas manifestaciones en base a los siguientes argumentos: por un lado, dice que la crisis económica está llevando a que la mayoría de las empresas con concesiones portuarias en España no estén cumpliendo con los tráficos mínimos que les exigieron y en ningún puerto se ha tomado la medida de retirar concesiones, como le está ocurriendo a Oligsa; en segundo lugar, apunta que a la empresa no le ha quedado más remedio que solicitar el concurso de acreedores ante la negativa de la Autoridad Portuaria a acomodar las tasas de Oligsa a sus movimientos reales de mercancía, muy inferiores a los previstos hace una década.

Oligsa fue creada para aliviar la congestión que sufría EBHISA en el año 2000, cuando los graneleros tenían que esperar de media 6 días para que los descargaran. Las previsiones entonces eran que Oligsa llegara a mover anualmente 10 millones de toneladas de carbón, fundamentalmente térmico, que llegaría a sus depósitos a través de la cinta que los conecta directamente con EBHISA. El techo que tocó Oligsa fue de 4,6 millones de toneladas en 2005. Desde ahí se cayó en barrena hasta cerrar 2011 con menos de un millón de toneladas. Entre medias, EBHISA había aumentado su capacidad de almacenamiento propio alargando su muelle y comenzando a operar un tercer pórtico, Hidrocantábrico había llegado a un acuerdo con Feve para llevar en tren hasta Aboño el carbón que descargaba en EBHISA y el Puerto construyó una ampliación que cuando sea plenamente operativa hará innecesario el almacenamiento en Aboño.

La anterior dirección de la Autoridad Portuaria había llegado a un acuerdo con Oligsa para que la absorbiera EBHISA, a cambio de asumir la deuda de la empresa a 31 de diciembre de 2010, que era de 10,25 millones de euros (3,72 millones con la Autoridad Portuaria y 6,3 millones con entidades financieras). El consejo de administración de Oligsa ratificó ese acuerdo, pero no así el de EBHISA. Con el cambio de responsables de El Musel, tras las pasadas elecciones autonómicas, el acuerdo quedó definitivamente bloqueado. La dirección de Oligsa propuso entonces a los nuevos responsables de El Musel que aceptasen el pago a largo plazo de la deuda con la Autoridad Portuaria y sobre todo una reducción de las tasas a Oligsa para que ésta fuera viable. Hasta el 31 de diciembre de 2011 Oligsa estaba al corriente de todos sus pagos, salvo los que debía al Puerto. La respuesta fue negativa.

El asunto acabó en los Juzgados. Oligsa presentó a finales del año pasado un recurso contencioso-administrativo contra la Autoridad Portuaria para que le ajustara las tasas al tonelaje real que se mueva o, subsidiariamente, que rescate la concesión indemnizando a los socios de Oligsa con 18 millones de euros por la inversión efectuada en la empresa: los socios aportaron cinco millones de euros de capital y adquirieron bienes de equipo a la Autoridad Portuaria por 13,5 millones, a pagar en ocho plazos (ya pagaron 10,83 millones). La postura del Puerto es que no tiene ninguna responsabilidad en la situación de Oligsa y que la empresa se hizo cargo de la concesión a su riesgo y ventura.

Robledo recalca que desde el inicio de la concesión nunca se han repartido dividendos, sino que cuando hubo beneficios se destinaron a reservas y amortizaciones. En estos años, Oligsa ha abonado 5.586.000 euros en tasas a la Autoridad Portuaria más otros 1.787.000 euros en intereses por los aplazamientos de pagos que pactó con el Puerto cuando entró en crisis. A esto suma los 3 millones de euros que pagó cuando canjeó el 26% de Oligsa por el 10% de EBHISA.

¿Y ahora? «Todo depende de los Juzgados», responde. De los de lo contencioso y del Juzgado de lo mercantil número 3 de Gijón, que el pasado día 7 declaró a Oligsa en concurso de acreedores.