M. CASTRO
Pusieron en duda desde el principio la necesidad de ampliar el puerto de El Musel, denunciaron ante la Comisión Europea las supuestas irregularidades en la obra de ampliación y sus sobrecostes, cuestionaron la solidez de los planes energéticos del anterior Gobierno autonómico y ahora intentan conseguir en los tribunales madrileños el desmantelamiento de la regasificadora de El Musel. Se trata de Equo (denominado hasta hace poco Los Verdes de Asturias) que inició esa batalla contra la gran obra portuaria y los proyectos energéticos cuando formaba parte del propio Gobierno regional de Vicente Álvarez Areces, al que accedieron a través de su coalición con IU.
En 2009 el partido ecologista interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la autorización del Ministerio de Industria para la regasificadora de El Musel. Después de casi tres años, acaba de lograr un avance, al conseguir que el tribunal madrileño haya admitido como pruebas dos informes periciales, de un economista y de un ingeniero, que cuestionan la viabilidad de la planta gijonesa desde las perspectivas técnica y económica. Además, los ecologistas también han remitido al tribunal, como prueba, el informe de la Comisión Nacional de la Energía, que cuestiona cuestiona con argumentos similares la conveniencia de la entrada en funcionamiento de la regasificadora de El Musel, tras el que el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido paralizar su puesta en servicio, que estaba prevista para 2013.
A grandes rasgos, los informes periciales emitidos por el ingeniero Francisco Ramos y el economista José Alba Alonso vienen a decir que la regasificadora de El Musel no sólo es una instalación innecesaria sino que su entrada en servicio sería perjudicial para los consumidores y para el propio sistema gasístico español. Por un lado, el abastecimiento de gas natural ya está garantizado con suficientes puntos de entrada en España, como pone de manifiesto que la regasificadora de Bilbao esté operando por debajo del 50% de su capacidad y la de El Ferrol por debajo del 20%. Una regasificadora más en el Norte lo único que haría, sostienen desde Equo, es encarecer los costes para los consumidores (Enagás cobra una cantidad fija por la capacidad y mantenimiento de la planta, con independencia de su grado de uso) y dificultar el mantenimiento de instalaciones debido a su bajo nivel de uso.
El ahorro en los costes de mantenimiento fue precisamente uno de los argumentos de la Comisión Nacional de la Energía para recomendar al Gobierno que paralizara la entrada en servicio de la planta gijonesa. El coste de mantenimiento en caliente, mientras esté paralizada, será de entre 3 y 5 millones de euros, lo que supone un ahorro de 12,7 millones de euros anuales que habría que pagar para mantener sus tanques a 120 grados centígrados bajo cero si comenzara a operar en 2013. Su entrada en funcionamiento encarecería el sistema gasista español en 67 millones de euros en 2013, según el informe de la Comisión Nacional de la Energía, que Equo también ha enviado al tribunal.
El tribunal madrileño aún tardará alrededor de un año en dictar sentencia, según estiman representantes legales del partido ecologista, dado que se trata de una de las salas de la capital con mayor atasco.
