R. V.
La dirección del Centro Especial de Empleo Apta, cuyos trabajadores son en su mayor parte discapacitados, y los representantes sindicales de Comisiones Obreras y UGT firmaron ayer, como estaba previsto, el acuerdo de regulación de empleo que supone la extinción del contrato de 103 trabajadores y un ERE por un año para otros 48. A este acuerdo se opone un grupo de padres y tutores que cuenta con el apoyo de CSI y USO. Los trabajadores a los que se extingue el contrato tendrán una indemnización de 23 días por año trabajado y se plantean bolsas de trabajo internas y externas para los afectados.
La dificultad de que la autoridad laboral dé marcha atrás a este acuerdo lleva a los opositores a este acuerdo a reivindicar de las administraciones públicas que asuman un compromiso político por «sensibilidad social» en favor de la recolocación de los trabajadores. Mientras los sindicatos firmantes del acuerdo reivindican «que es el mejor posible para poder mantener abierta la empresa», la CSI denuncia la firma de «despidos masivos, aunque sean de personas discapacitadas».
