R. GARCÍA

Después de cuatro años de pleitos judiciales ha conseguido que se reconozcan sus derechos. Un gijonés acaba de ganar en los juzgados la larga batalla que desde 2008 mantenía con una entidad crediticia que opera a nivel internacional. Los responsables de esta empresa le habían demandado en su día por no pagar un crédito de 2.000 euros que supuestamente había suscrito. Después de sufrir, incluso, el embargo de sus nóminas, el demandado ha logrado que quede demostrado que no fue él quién pidió el crédito, sino que el dinero fue solicitado por una tercera persona que le había robado el Documento Nacional de Identidad. Los juzgados le acaban de dar la razón al demandando, por lo que no tendrá que devolver un dinero que nunca recibió.

«Ha sido todo un lío porque yo intenté arreglarlo todo por las buenas, declarando en el Juzgado sin abogado ni procurador pensando que todo se iba a solucionar, pero lo único que logré fue que se dilatara toda esta pesadilla en el tiempo», relata el demandado, quien expone a la luz pública su caso «para que sirva de ejemplo a todos los que, como yo, alguna vez han sufrido algún tipo de abuso por parte de las entidades crediticias». El gijonés mantiene que llegó incluso a recibir una carta «en la que los propios gestores decían que había habido un error» pero que, a pesar de todo y «aunque ya tenía la demanda penal interpuesta», la firma «intentó seguir cobrando su dinero de forma fraudulenta por la vía judicial», mantiene.

El fraude se llevó a cabo en abril del año 2008, tal y como demuestra el contrato supuestamente firmado por el demandado. En el documento se incluyen incluso datos falsos del gijonés. «Me cambiaron el puesto de trabajo y todo firmando por mí sin que fuera yo», asegura aún conmocionado por lo sucedido. La cuenta en la que la empresa crediticia ingresó el dinero solicitado por el que utilizó la documentación del gijonés había sido abierta unos días antes «con la fotocopia de mi documentación».

El último procedimiento penal que tuvo lugar en Gijón por hechos similares se vivió en la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en la ciudad, hace escasos días, cuando un vecino de Móstoles cuya identidad responde a las iniciales J. J. R. C. se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados después de gastarse, según la fiscalía, más de 100.000 euros con un Documento Nacional de Identidad que alguien le había facilitado después de robarlo en Madrid. En esta ocasión el acusado, haciéndose pasar por su víctima, llegó a comprar tres coches, televisores de alta gama y joyas. El reo abrió además varias líneas de teléfono y solicitó varios créditos.