M. CASTRO

El consejo de administración de Emtusa dio ayer el primer paso para intentar anular judicialmente el contrato que firmó el anterior equipo municipal de gobierno con la empresa Jesús Martínez Álvarez Construcciones, S. A., para el arrendamiento operativo de las actuales cocheras de la empresa municipal de transportes. El consejo acordó ayer encargar un informe a los servicios jurídicos municipales para denunciar ese contrato.

La dirección de Emtusa trata de ahorrarse 30 de los 84 millones de euros que estima que tendrá que pagar por los 30 años de arrendamiento operativo. La decisión del consejo de administración llega después de que la dirección de la empresa municipal obtuviese una negativa de la firma concesionaria en la propuesta de llegar a un acuerdo extrajudicial.

Jesús Martínez Álvarez Construcciones construyó las nuevas cocheras de Emtusa en terrenos municipales. Las obras le costaron a esta empresa privada 20.625.756 euros, incluyendo el beneficio industrial y los gastos generales. A cambio, Emtusa pagaría durante 30 años a la constructora por el alquiler de la nave, la limpieza de edificio y vehículos y las labores de mantenimiento de las instalaciones. El precio inicial era de 1,8 millones de euros más IVA al año (1,3 por el alquiler y el resto por limpieza y mantenimiento), en total, 54 millones de euros. A esta cantidad hay que añadir alrededor de otros 30 millones de euros por la actualización de precios del IPC, estimando un incremento de precios anual del 3% (que es la media del IPC de los últimos diez años). En total, de cumplirse en sus términos el contrato firmado el 26 de diciembre de 2007, el Ayuntamiento pagaría 84 millones de euros en 2039, fecha en la que pasará a ser propiedad de Emtusa una nave cuya obra costó 20,65 millones, la cuarta parte.

Los actuales responsables de Emtusa consideran que la validez de ese contrato firmado por Santiago Martínez Argüelles es discutible. El motivo es que el anterior consejo de administración de Emtusa no aprobó una actualización de precios conforme al IPC, cláusula que se incluyó a la hora de formalizar el contrato. El consejo de Emtusa aprobó el 10 de enero de 2007 la fórmula para dotar a Emtusa de nuevas cocheras, pero según parece a los consejeros no se les informó de la actualización de precios que posteriormente se incluyó en el contrato. Según parece, el pliego de condiciones que se aprobó no incluía esa cláusula. Los servicios jurídicos municipales tendrán que analizar ahora si eso es suficiente para reclamar algún tipo de nulidad. En el caso de que no se lograra anular el contrato en los tribunales, una segunda derivada será el estudio de la petición de posibles responsabilidades a los anteriores administradores de la empresa.

La decisión de emprender acciones legales para intentar que el Ayuntamiento se ahorre al menos esos 30 millones de euros previstos por actualización de precios conforme a la subida del IPC, se tomarán en una reunión futura del consejo de administración de Emtusa, en base a las conclusiones que arroje el informe encargado a los servicios jurídicos municipales.

El anterior gobierno local también empleó el mismo sistema que las cocheras de Emtusa para construir el nuevo centro municipal integrado de El Llano.