19 de mayo de 2012
19.05.2012
 

Antifraude abrió la investigación al finalizar la ampliación de El Musel

La OLAF dio paso al procedimiento en diciembre de 2010, días antes de la recepción provisional de la obra

18.03.2012 | 01:00
Explanada de la ampliación de El Musel, con EBHISA al fondo, cubierta por la niebla.

M. C.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) abrió formalmente la investigación de la obra de ampliación de El Musel el 2 de diciembre de 2010, cuando la gran obra estaba prácticamente concluida. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón aceptó la recepción provisional de la obra el día 13 de aquel mismo mes.


La OLAF recibió a finales de 2008 la denuncia de supuestas irregularidades en la obra de ampliación y sus sobrecostes, formulada por Andecha Astur a través del entonces eurodiputado Mikel Irujo. Durante dos años, realizó una evaluación preliminar para decidir si la denuncia merecía investigación o no. Tras apreciar supuestos indicios, procedió a abrir la investigación en diciembre de 2010.


La Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude fue creada en 1999. Es la oficina de la Comisión Europea que se encarga de la investigación y lucha contra el fraude y la corrupción cuando están en juego fondos comunitarios, como ocurre con la obra de El Musel, cofinanciada por la UE. La OLAF es el interlocutor directo de la Comisión Europea con las autoridades policiales y judiciales en cada estado miembro.


La OLAF está desarrollando esta investigación «en estrecha colaboración con las autoridades españolas». La investigación de esta oficina comunitaria es paralela al procedimiento administrativo que ha abierto la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea tras detectar que la contratación de la obra de ampliación de El Musel se hizo vulnerando las directrices comunitarias en materia de contratación pública. Bruselas concedió una subvención de 247,5 millones de euros para la ampliación, de los que están pendientes de pago 49,5 millones. El procedimiento abierto por la DG Regio puede acabar provocando que la Autoridad Portuaria no reciba parte o la totalidad de los fondos pendientes, e incluso que tenga que devolver parte de lo ya cobrado. La investigación paralela abierta por la OLAF también puede acarrear consecuencias económicas.


La obra de ampliación fue ejecutada por la UTE Dique Torres, liderada por el grupo ACS a través de dos de sus empresas, Dragados y Drace. En la UTE también participaban FCC, Sato y Alvargonzález Contratas. La UTE ha reclamado a la Autoridad Portuaria el pago de 350 millones de euros adicionales a los más de 700 millones que ya ha pagado.

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