Los remolcadores prevén aumentar tarifas por la inversión para asistir a los gaseros

Remolcadores Gijoneses ha solicitado formalmente a la Autoridad Portuaria de Gijón que aplique la cláusula contractual de la licencia que le dio para prestar el servicio de en El Musel, que obligará al puerto a autorizar un incremento de las tarifas de remolque para compensar la inversión de 30 millones de euros que hizo la empresa con la construcción de los buques «Veranes» y «Veriña».

El pliego de condiciones técnicas para la adjudicación del servicio, en 2010, obligaba a la empresa a disponer de esos nuevos remolcadores, con una potencia de tiro de 100 tonelámetros, el doble que los que hasta entonces operaban en El Musel.

El aumento de potencia era esencial para garantizar la operatividad del puerto gijonés los 365 días del año ante el cambio en las condiciones de acceso tras la ampliación de El Musel, en especial para los grandes buques gaseros que iban a abastecer a la regasificadora y también para los grandes graneleros que se preveía que descargaran carbón y hierro en el nuevo muelle norte. Sin embargo, barcos gigantescos de ese tipo no aparecerán por los nuevos muelles gijoneses, en el mejor de los plazos, hasta dentro de años.

Una cláusula incluida en la licencia de servicio concedida a Remolcadores Gijoneses establece que el puerto debe compensar las inversiones derivadas de su exigencia de cambio en las condiciones del servicio. El ajuste de la tarifa se debe hacer basándose en la cuantía de la inversión y en base a los tráficos previsibles. Tras la decisión de «hibernar» la regasificadora, esos tráficos han quedado en mínimos.

Remolcadores Gijoneses presentó hace varias semanas un estudio económico a la Autoridad Portuaria para justificar un ajuste al alza de la tarifa. El puerto aún no ha decidido al respecto. Las fuentes consultadas señalan que, en todo caso, lo que puede ser discutible es la cuantía de la subida pero no la obligatoriedad de autorizarla.

Los prácticos de El Musel, por su parte, ya han comenzado a eliminar las bonificaciones que aplicaban a los barcos de las líneas regulares. Se trata de una medida de presión para que la Autoridad Portuaria los autorice a subir sus tarifas conforme al incremento del IPC, como permitió a remolcadores y amarradores.