13 de junio de 2012
13.06.2012
 

La Alcaldesa plantea anular la imposición legal de vertido de arena en San Lorenzo

14.04.2012 | 02:00
Carmen Moriyón se dirige al Pleno ante la mirada, a la derecha, del socialista José María Pérez.

R. VALLE


«La playa de San Lorenzo no ha perdido ni pierde arena, sólo muestra una nueva situación de equilibrio en su línea de costa». La alcaldesa de la ciudad y responsable de las políticas medioambientales, Carmen Moriyón, daba con estas palabras ante el Pleno su beneplácito a los últimos informes técnicos que descartan la necesidad de verter arena en San Lorenzo para compensar posibles desajustes provocados por las obras de ampliación de El Musel. Y lo hacía en respuesta a la concejala socialista Ana González, que se congratulaba por la coincidencia en la reflexión, y anunciando una sesión extraordinaria del consejo sectorial de Medio Ambiente para tratar el tema. Pero la Alcaldesa daba ayer un paso más en el largo ir y venir de la ampliación de El Musel a la arena de San Lorenzo.


Moriyón quiere buscar el apoyo de todas las fuerza políticas y sociales de la ciudad para conseguir la modificación de la declaración de impacto ambiental sobre las obras de ampliación de El Musel, elaborada en 2003 por responsables del Ministerio de Medio Ambiente, que impone a la Autoridad Portuaria la búsqueda de arena para rellenar San Lorenzo hasta cinco años después del final de las obras. Sin un cambio en esa normativa la obligación de regenerar el arenal gijonés con 110.000 metros cúbicos de arena sigue vigente y siendo una obligación para el Puerto. El nuevo interlocutor en este tema es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que encabeza Miguel Arias Cañete.


El arenal de San Lorenzo sólo fue uno más de los debates plenarios sobre los grandes proyectos que Gijón tiene sobre su mesa de cara al futuro, y que no están pasando sus mejores momentos en estos tiempos de crisis. Las preguntas de Jorge Espina, portavoz de IU-Los Verdes, pusieron el foco sobre la paralización de la regasificadora de El Musel y el retraso en los plazos de la depuradora del Este, mientras en PSOE, por boca de su líder, Santiago Martínez Argüelles, se ocupó del plan de vías a través de la sociedad Gijón al Norte.


El concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Fernando Couto, asumió en nombre del gobierno local la defensa de la regasificadora «como una infraestructura imprescindible para el Puerto, Gijón y Asturias, que debe ponerse en marcha cuanto antes y conforme a la previsión inicial». Para Couto, el reciente anuncio de su paralización «es un jarro de agua fría para la economía local y asturiana», y pidió a todos los concejales presentes en el Pleno que movilizaran a sus partidos en favor de trámites parlamentarios que favorezcan el impulso de «esta infraestructura vital».


De reivindicar el interés del gobierno local de FAC por el desarrollo de la depuradora del Este se encargó el edil Manuel Arrieta, que destacó que se está esperando por una reunión de trabajo con el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. La última información que ha llegado al Ayuntamiento sobre esta infraestructura es que los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente están revisando el último proyecto de la empresa adjudicataria de la obra tras un primer estudio con el que no estuvieron conformes.


En el caso de Gijón al Norte, la propuesta de Martínez Argüelles pasaba por incorporar a los portavoces del PSOE e IU al consejo de administración de Gijón al Norte. «El plan de vías es un proyecto de ciudad que va más allá de cuatro años, un proyecto que precisa de la colaboración y el consenso de todos», sentenció el edil socialista, que no consiguió convencer a Foro y PP, que con sus votos frenaron la proposición socialista. Foro y PP sí están en el consejo de Gijón al Norte, al igual que en todos los consejos de administración de las empresas municipales. «Ustedes no quieren tener testigos de su propia ignorancia, de lo mucho que desconocen y lo poco que trabajan», replicó Argüelles.


El único momento de calma en el Pleno de ayer -al que asistió sin ninguna intervención pública el edil socialista José María Pérez en la que puede ser su última sesión plenaria a la espera de incorporarse al Parlamento asturiano como nuevo diputado regional- se vivió en los minutos finales, con la lectura de una declaración institucional de solidaridad con los trabajadores del centro especial de empleo Apta y el compromiso municipal de mediar para buscar soluciones a su expediente de regulación de empleo. Los cuatro partidos votaron a favor, mientras algunos padres se manifestaban en la plaza Mayor.

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