Los vecinos emprenden una nueva ofensiva contra el plan urbanístico de Cabueñes
La Plataforma Ciudadana denuncia mediante alegaciones que la aprobación inicial del nuevo proyecto «queda fuera del marco legal» de la normativa regional

José Luis Cifuentes, Trinidad Pascual e Ignacio Martínez, tirando a la papelera una copia del plan de Cabueñes. / juan plaza
Miriam SUÁREZ
Tras un primer intento fallido de derribar en los tribunales el plan parcial que afecta a su parroquia, la Plataforma Contra el Muro de Cabueñes vuelve a la carga. Y se ampara en la legislación vigente en materia de urbanismo y ordenación del territorio para lanzar una nueva ofensiva -en esta ocasión por la vía administrativa- contra el proyecto para construir 600 viviendas entre el Hospital de Cabueñes y la carretera de Villaviciosa. «Damos el plan por fallecido», sentencian.
En esta defunción, según las alegaciones que la Plataforma presentará en el Ayuntamiento y que sus portavoces explicaron ayer, intervienen once factores. Entre ellos, uno relacionado con el artículo 77.6 del texto refundido de las disposiciones regionales sobre ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), que ya anularía por sí solo la reciente aprobación inicial del plan de Cabueñes. «Extinguidos los efectos de la suspensión, no podrán acordarse nuevas suspensiones en el plazo de cinco años con idéntica finalidad», establece.
Ignacio Martínez, experto que asesora a la Plataforma en esta lucha urbanística, sostiene que el trámite llevado a cabo por el Gobierno de Foro «queda fuera del marco legal hasta 2014, al haberse realizado la anterior aprobación inicial en marzo de 2008», estando al frente de la Administración local PSOE e IU. Aquel plan parcial llevaba la firma del ex jefe de los servicios urbanísticos municipales, Ovidio Blanco, entonces en excedencia. El técnico ha retomado su labor como arquitecto del Ayuntamiento después de haber salido airoso de una imputación judicial relacionada con el plan de Cabueñes.
El diseño de la operación corre ahora a cargo de Jovino Martínez Sierra, que ha introducido cambios para hacerla más asumible desde el punto de vista paisajístico. Aunque no los suficientes para apaciguar las críticas de los vecinos, que observan en la nueva documentación la misma carga de irregularidades. «Es como si buscasen a propósito que les tumbaran el plan, lo que les permitiría exigir indemnización por lucro cesante», dejan caer los portavoces de la Plataforma en alusión a los promotores, Reyal Urbis, Lomas-Barajas, Beyos y Ponga (sociedad vinculada a Cajastur), Moro e Inmobiliaria Playa de Gijón.
Las alegaciones vecinales denuncian que «no se ha hecho un análisis ambiental del plan como es debido y exigible ni se tiene en cuenta la normativa de sonoridad ni tampoco se incluye un informe de sostenibilidad económica» que avale la futura urbanización. Aparte de una serie de «deficiencias» como que «el expediente no presente índice» o «la falta de documentos» que la Plataforma considera imprescindibles para un correcto seguimiento del plan.
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