Denuncia a sus jefes por «fisgar» en su portátil durante una baja por enfermedad

La despidieron por entrar desde el ordenador de la empresa en páginas web que nada tenían que ver con su puesto de trabajo y, a modo de revancha, decidió denunciar a sus propios jefes, a los que acusa de aprovechar una baja laboral por enfermedad para «fisgar» en su ordenador. La Agencia Española de Protección de Datos acaba de apercibir a una empresa gijonesa al entender que vulneró las leyes entrando en el portátil de una de sus trabajadoras aprovechando su ausencia.

Los denunciados aseguraron durante el período de alegaciones a la denuncia que habían sido los responsables de una empresa subcontratada para una mudanza los que se habían introducido en el ordenador de la empleada para comprobar «precisamente que no se vulnerase la ley de Protección de Datos con descargas ilegales». De hecho, los responsables del expediente aseguran que ha quedado acreditado que los empresarios «con motivo de conocer el grado de aprovechamiento de sus equipos y puestos de trabajo tras un traslado de oficinas y determinar qué equipos deberían ser sustituidos contrató una auditoría». Esta subcontrata informó de la mala utilización que del ordenador del trabajo estaba realizando la mujer que luego sería despedida pero, eso sí, «todo ello sin que se informase previamente a la empleada de la posibilidad de dicho tratamiento de datos». Los responsables del expediente piden a los empresarios ahora demandados que «acrediten la adopción de las medidas correctoras de la actitud que en cada caso resulten pertinentes». Los responsables de la empresa de informática aseguraron en su momento que la empleada se había introducido en varias páginas web de cotilleo, moda, televisión o previsión meteorológica que nada tenían que ver con su puesto de trabajo.

Los empresarios calificaron como «muy grave» lo sucedido y procedieron al despido de la trabajadora que ahora les reclama por vía administrativa. El caso puede continuar ahora si la mujer decidiera llevar su pleito a los tribunales de justicia después del apercibimiento que llevó a cabo la Agencia Española de Protección de Datos. Una institución «que no insta la adopción de una concreta medida correctora, pero que solicita que se comuniquen las que de forma autónoma decida adoptar la empresa sin que quepa realizar valoración alguna por parte de esta Agencia».