R. GARCÍA
El jurado popular declaró ayer culpable a José Antonio López, el gijonés de 39 años que desde el lunes día 12 se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Asturias como responsable de la muerte del hostelero Juan Carlos Roces, propietario de la cervecería Carvi. Siete de los nueve miembros del tribunal popular votaron a favor de la culpabilidad del reo aludiendo en su veredicto a las «numerosas contradicciones» en las que incurrió el detenido durante la instrucción de la causa penal, en su negativa a contestar a las preguntas de las partes durante el juicio y en el testimonio de la madre del asesino, que evidenció la llegada a casa de su hijo el día del suceso minutos después de que según los forenses tuviera lugar la muerte de la víctima, apuñalada hasta en 18 ocasiones en el cuello.
Cuatro horas de deliberación bastaron al jurado para llegar a una conclusión. Después de escuchar a los testigos propuestos por las partes implicadas en el procedimiento y de examinar las pruebas recopiladas por la Policía, los ciudadanos del tribunal popular decidieron culpar al acusado de los hechos que tuvieron lugar el 4 de marzo de 2010 en una cervecería del barrio de La Arena. José Antonio López admitió durante la vista oral del juicio haberse personado en el local hasta en dos ocasiones. La primera vez llegó alrededor de las nueve de la mañana. «Intenté comprar droga pero no me la consiguieron así que fui a Nuevo Gijón a por cocaína y volví poco después para tomarme algo con Juan Carlos, pero yo no lo maté», declaró el procesado durante el juicio respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado y negando que a la una de la tarde -hora a la que los forenses fijan la muerte de la víctima- estuviera aún en el local.
López aseguró ante los agentes que le tomaron declaración poco después del suceso que a la una de la tarde se encontraba «en una casa de citas de La Arena» para después cambiar su versión argumentando que en ese momento estaba «en una sidrería». «Iba cambiando de argumento a medida que la Policía le descubría que la coartada era falsa», aseguró durante el juicio el abogado de la acusación Jesús Quesada. Las contradicciones del acusado fueron, precisamente, uno de los argumentos expuestos por el jurado popular para condenar a José Antonio López. Un indicio al que posteriormente se unió, tal y como relató la portavoz del tribunal popular, la propia declaración de la madre del reo, que admitió que su hijo no había llegado a casa hasta la una y media de la tarde. Además, añade el jurado, «durante la investigación no quería hablar con nadie por teléfono del caso, hizo que su madre le lavara la ropa con la que estaba en el momento del crimen y las pruebas de la Policía le sitúan cerca del Carvi en el momento del asesinato».
El veredicto fue recibido entre lágrimas en la sala de vistas de la Sección Octava de la Audiencia Provincial. Los familiares de José Antonio López lamentaban entre sollozos un fallo judicial que para los más allegados al hostelero fallecido -también presentes en la sala- simboliza el fin de una larga agonía judicial.
El abogado que defiende los intereses del acusado, Sergio Herrero, anunció ayer su intención de recurrir el fallo del jurado al considerar que está «poco motivado». El tribunal de la Sección Octava de la Audiencia será ahora el encargado de fijar los años de cárcel a los que se condena al reo. La fiscal encargado del caso solicitó durante su última intervención una pena 18 años de prisión. Una condena que los abogados que representan a los familiares y a la pareja sentimental del fallecido elevan hasta los 20 y los 22 años de cárcel respectivamente teniendo en cuenta la «brutalidad del crimen».
No en vano los forenses mantienen que José Antonio López atacó a su víctima «por detrás y de forma sorpresiva» apuñalándole hasta en 18 ocasiones en el cuello y una en la mano izquierda cuando trataba de defenderse. Tras el crimen, tal y como relató la fiscal, «el acusado fue a comer con toda su frialdad a casa de su madre» comprando al día siguiente un billete de avión a Tenerife. Un destino al que el procesado pondría rumbo una semana después «para buscar trabajo» y en donde le detendría la Policía semanas después del suceso, cuando sus huellas fueron halladas en un vaso de la barra del Carvi después del crimen. Los letrados solicitan además indemnizaciones para el hermano y la pareja de la víctima de entre 50.000 y 120.000 euros.
