Cuando las separaciones se pelean en los patios de los colegios

En Gijón ya hay jueces de familia decidiendo si un alumno tiene que ir a clases de Religión o a Llingua Asturiana; hay directores de centros educativos teniendo que resignarse a dejar sin excursiones a algún chiquillo que no logró la autorización de ambos progenitores para una salida escolar, e incluso se ha dado recientemente el caso sangrante de un niño que durante semanas vio conculcado su derecho a la educación porque no había acuerdo entre sus padres sobre en qué colegio, y de qué concejo, debía estar matriculado el menor.

Las anteriores son sólo tres situaciones reales de conflicto de las muchas que llevan dándose un tiempo en los centros escolares gijoneses y asturianos, con traslado a las salas de los Juzgados. En todas están implicados alumnos de progenitores separados, divorciados o sin vínculo matrimonial pero con la pareja rota y con incapacidad de llegar a decisiones compartidas. Y cada vez, aseguran portavoces de varios centros escolares, el problema va a más.

También su complejidad va en aumento, y hay directores de escuelas que urgen para que se clarifiquen, e incluso pauten, las actuaciones y procedimientos que se deben seguir en los centros, por temor a que el día menos pensado puedan empezar a verse involucrados en pleitos familiares con repercusión legal. Esa petición ya la hizo suya, hace algún tiempo, la comisión de directores de la zona gijonesa, y la repiten cada cierto tiempo. Pese a haber dado traslado de esas necesidades a la Consejería de Educación, que ahora dirige la socialista Ana González, aún no tienen respuesta.

También desde instancias judiciales han hecho saber a los técnicos de la Consejería lo conveniente que sería clarificar conceptos, elaborar un protocolo o unas normas de uso común, e incluso llevar estas nuevas situaciones familiares a las instrucciones básicas de las matriculaciones en los colegios. Con todo ello, aseguran, no sólo se lograrían criterios comunes ante situaciones que se repiten; además, las familias sabrían las reglas del juego y se podría rebajar el nivel de conflicto que llega a darse en algunos patios escolares.

«Estamos aprendiendo a fuerza de darnos de bruces con los conflictos, y los directores que llevamos más tiempo en los cargos ya tenemos algunos trucos y cierto callo, pero son situaciones muy estresantes», reconocen desde algunos equipos directivos. Los mismos que aseguran que, en cuestión de instrucciones claras, los colegios siguen sin tener un modelo al que agarrarse.

Lo cierto es que ese modelo sí se ha trabajado. Hace varios meses que la Inspección Educativa de la Consejería de Educación elaboró, con ayuda y supervisión judicial, un modelo de «Orientaciones para una correcta actuación de los centros educativos en relación con los alumnos de padres separados, divorciados o sin vínculo matrimonial».

Fruto del interés de los inspectores, del constante goteo de preguntas desde los centros, de las indicaciones de algunos jueces sobre lo pertinente de llevar a cabo un protocolo, o al menos dominar mejor algunos de los conceptos más importantes que entran en juego en el tema de las separaciones y los divorcios, se creó un grupo de trabajo que acabó por elaborar el manual de orientaciones. Ese manual no ha llegado a los centros escolares y desde la Consejería de Educación, cuando se pregunta por él, se esquiva la cuestión, advirtiendo únicamente que «no hay ningún protocolo como tal que se haya distribuido a los colegios».

Los responsables educativos del Principado parece que tienen interés en que dichas orientaciones, que se elaboraron como un documento técnico para facilitar el trabajo de la Inspección, pasen la supervisión de la Dirección General de Justicia del Principado y del Instituto de la Mujer.

El juez de familia de Gijón Ángel Luis Campo fue uno de los expertos que trabajó con la Inspección el asunto de los conflictos generados en el ámbito escolar por las separaciones y los divorcios. Asegura que «hace ya tiempo que en el consejo de los jueces de familia estamos teniendo que especificar acotaciones sobre la tutela educacional, para evitar fuentes de conflicto. Lo estamos especificando en las sentencias y, por eso mismo, algunas instrucciones básicas sobre lo que ocurre en torno a esta problemática tienen que llegar a los colegios, a las asociaciones de madres y padres y a los colegios de abogados». Campo está convencido de que «las normas básicas de actuación son claras, pero los educadores no tienen por qué saber de cuestiones jurídicas; ni los jueces saber de cuestiones educativas. Lo importante es ayudarnos entre todos y con una buena colaboración estoy seguro de que se podrían minimizar los conflictos y reducir también la judicialización de algunos temas. No se trata de hacer imposiciones, sino de unificar criterios».

Desde la experiencia de este juez, muchos de los problemas parten de «la confusión que existe entre patria potestad y custodia». Sobre todo, dice, «tenemos que conseguir poner freno a muchas situaciones que se dan de hecho, con el poder casi siempre del que tiene la custodia, frente a la desventaja de quien no la tiene». Y asegura el juez que todo eso «tiene que hacerse por los niños. Está bien proteger la igualdad de los progenitores, pero lo fundamental es que un menor tiene el derecho absoluto a que sus padres, ambos, sepan todo de él y decidan todo lo importante que tenga que ver con su educación. A no ser que uno de ellos no tenga la patria potestad, y eso sólo lo decide un juez».