Los colectivos más peleones ven en la sentencia que anula el Plan General de Ordenación una oportunidad de oro para prosperar en sus propias batallas legales. A las pocas horas de que trascendiese el fallo judicial, los vecinos que luchan contra la depuradora de la zona Este ya avisaban de que «la anulación supone una falta de cobertura para que continúen las obras» previstas en el entorno de la urbanización El Pisón.
Este colonia de chalés, primero afectada por la planta de pretratamientos de aguas residuales conocida popularmente como La Plantona, y ahora en contra de la depuradora subterránea que sustituirá a esta instalación, utilizará la sentencia contraria al PGO para defenderse. Su abogado, Marcelino Abraira, explicaba ayer que «pediré de inmediato la suspensión de las obras», amparándose en el dictamen del Tribunal Superior de Justicia sobre el Plan General.
El coordinador local de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Gijón, Armando Fernández, considera que «lo que mal, empieza mal acaba», y ayer exigía al PSOE e IU que asumieran responsabilidades en la anulación del Plan General de Ordenación. «Esta chapuza absoluta y continuada nos está costando carísima a todos los gijoneses», reprochó Fernández.
Pero el líder de UPyD no sólo apuntó con el dedo al anterior gobierno de la ciudad. También implicó a Foro Asturias en la situación actual. «Tienen que explicar claramente qué van a hacer y cuál es su propuesta urbanística para la ciudad», instó Armando Fernández, muy crítico con el hecho de que «el PGO se aprobó sospechosamente in extremis en el último Pleno de la Corporación anterior».
Por su parte, Daniel Fernández, portavoz de Compromisu por Xixón, hizo hincapié en que «por previsible y esperado, no deja de ser «tremendamente grave» este nuevo varapalo judicial. «Para poder aprobarlo, se hicieron innumerables irregularidades», sostiene la formación, que señala como responsables a PSOE e IU, socios de gobierno en la anterior legislatura.
