La anulación del Plan General de Ordenación (PGO) no sólo trae de cabeza al sector de la construcción. La inseguridad jurídica del urbanismo gijonés también repercute en la labor que desarrollan notarios y registradores de la propiedad. Profesionales que ahora tienen que trabajar con situaciones excepcionales como la de «aquellas viviendas que, aun estando ya construidas, se han quedado fuera de la ordenación urbanística».

Con la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el pasado 28 de febrero, Gijón vuelve a su Plan General de hace quince años. Aunque existe otro PGO más reciente, que se aprobó en 2005, no puede aplicarse porque también fue invalidado judicialmente. Este retroceso deja sin efecto tanto las recalificaciones autorizadas en la zona rural como algunos desarrollos de suelo urbano consolidado.

«No sólo hay que pensar en las obras que están por hacer, sino también en las que ya se hicieron. Debido a la anulación del Plan General, ahora mismo tenemos unos cuantos edificios en Gijón que están fuera de planeamiento», advierte un notario de la ciudad. Al no aparecer en el PGO de 1999 que ha vuelto a entrar en vigor, esos edificios existen físicamente, pero no desde el punto de vista de la normativa urbanística local.

A efectos prácticos, «nos encontramos con pisos que no sabemos si escriturar o no», admite otro notario gijonés, que también califica de «muy compleja» la situación urbanística actual. «Cómo le explicas tú a la gente que está esperando como agua de mayo por su vivienda que no puede escriturar porque el edificio no figura en el PGO», apostilla.

Las dudas jurídicas derivadas de la anulación del Plan General, la segunda que se produce en estos últimos tres años y medio, se extienden también a los registros de la propiedad. «¿Registras o no registras un piso fuera de ordenación?» es la disyuntiva que ahora se les plantea. Esta excepcionalidad urbanística es el resultado de una tramitación irregular. El anterior gobierno municipal aprobó su PGO -mayo de 2011- sin exponer los informes relativos al subsuelo de Mina La Camocha y El Muselín. El alto tribunal asturiano lo considera un «vicio invalidante» por infringir el derecho de participación ciudadana.