Profesor de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad de Murcia

Fernando Jiménez Sánchez (Almería, 1963) es actualmente profesor titular de Ciencia Política y Administración en la Universidad de Murcia (anteriormente, durante diez años, fue profesor de la Universidad de Santiago de Compostela). Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, también es miembro del Instituto «Juan March» de Estudios e Investigaciones y evaluador del denominado Programa GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) del Consejo de Europa. Ayer, invitado por la Asociación Asturiana de Sociología y el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Asturias, pronunció, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, una conferencia titulada «¿Por qué fracasan tan a menudo las políticas anticorrupción?».

-La actualidad manda. ¿Con la imputación judicial de la Infanta Cristina en el «caso Nóos» podemos entender que España vive en un estado generalizado de corrupción?

-Sería una exageración afirmar que vivimos en un estado generalizado de corrupción, aunque es verdad que hay determinados sectores donde la corrupción ha sido muy alta. Fundamentalmente destacaría tres grandes sectores: la contratación pública, aunque para el volumen de contratación pública la cantidad de casos sospechosos no es tampoco tan alta, pero es uno de los campos más problemáticos. Un segundo sector ha sido el urbanismo, aunque ahora ya no al no existir actividad urbanística, pero en los años del «boom» inmobiliario ha sido tremendo y la mayor parte de los casos en el ámbito local. Y el tercer sector más problemático es el de la financiación de los partidos. Comparado con otros países la situación española tampoco es desesperada ni mucho menos, aquí no hace falta pagarle a un funcionario para obtener un pasaporte o a un médico para que te atienda en un hospital... Un tipo de corrupción que es frecuente y no hace falta pensar en África o en América Latina, incluso en países de la Europa del Este como Rumanía o Bulgaria. Aquí estamos lejos de una situación como esa. Tenemos una corrupción que es más de élites, más política que administrativa, pero sí es verdad que la percepción de los ciudadanos es que la corrupción es galopante al tratarse de casos muy llamativos y que afectan a personajes que tienen una popularidad muy grande, como la Infanta Cristina.

-¿No podemos hablar de que la corrupción es el sistema?

-Podemos decir que hay problemas serios más o menos localizados; sobre todo en corrupción política más que en administrativa.

-¿Cómo se puede entender, entonces, que políticos condenados por corrupción o por acoso sexual vuelvan a ser elegidos en una elecciones?

-Es verdad que sucede y hemos tenidos muchos casos, uno de los más destacados fue Jesús Gil, quien encadenó cuatro mayorías absolutas consecutivas. ¿Por qué sucede? Tiene que ver con la propia cultura política de los españoles, es decir, o con las percepciones o las expectativas que se tienen de como funciona el sistema político. Las sospechas de las españoles sobre el funcionamiento del sistema político son enormes, la gente recela muchísimo y piensa que la corrupción está muy generalizada, y por tanto es muy fácil descontar la información negativa de la corrupción, o sea, cuando la corrupción afecta a tu candidato favorito hay muchas maneras de descontar esa información pensando que, en realidad, todos son iguales y por tanto sigo votando a quien está más cercano a mí. Esta es la parte problemática, de manera que ya imputada la Infanta Cristina lo que suceda, lo mismo que lo que suceda con el resto de los imputados ilustres, es muy importante.

-¿En qué sentido?

-Podemos contribuir a que estos recelos sigan creciendo o por primera vez empecemos a frenarlos. Si realmente la justicia trata con total indepencencia e imparcialidad el caso de la Infanta Cristina o quien sea, se contribuirá a frenar los recelos de los ciudadanos.

-Los dos grandes partidos políticos, que son las columnas sobre las que se sustenta el sistema nacido en la Transición, tienen encima, cada uno, formidables casos de corrupción. ¿Hay ya la percepción de final de ciclo, por qué fracasan tan a menudo las políticas anticorrupción?

-Es la gran pregunta. Los partidos, especialmente los dos grandes, pero, en general, los tradicionales del sistema democrático español, todos están salpicados por grandes casos de corrupción y su reacción hasta el momento ha sido, en gran medida, mirar hacia otro lado y dejar que los casos se pudran y poner los mínimos cortafuegos. No se han tomado suficientemente en serio poner en marcha medidas que hagan que lo que llevó a que surgieran ese tipo de casos no pueda volver a suceder. Los partidos tradicionales han basado la construcción de un apoyo social en un intercambio de tipo clientelar, es decir, en España se distribuyó empleo público, contratos con la Administración, etcétera a cambio de apoyo tanto financiero como en votos al partido, y esto hace mucho daño. A los partidos les cuesta muchísimo salir de ahí.

-Pero desde la Transición no sólo los partidos han estado jugando así, también los grandes sindicatos y las organizaciones patronales se financian del Estado, como en una especie de democracia orgánica...

-Es más o menos lo que sucede en otros países, lo que pasa es que en otros el tema es la rendición de cuentas que ofrecen este tipo de actores. Es sintomático que nosotros no tengamos todavía una ley de transparencia y somos el único país grande en toda la Unión Europea que sigue sin ella. Luego, el proyecto de ley que presentó el Gobierno tenía muchísimos defectos, es muy tímido ese proyecto. Pero este tipo de cosas sí que están cambiando. La ciudadanía española ya expresó con el movimiento del 15-M su rechazo y dio un puñetazo encima de la mesa para decir que está harta de jugar con estas reglas y que quiere unas administraciones públicas y unos partidos transparentes y que no quieren seguir jugando con este clientelismo de los últimos treinta años. El reto es si los partidos van a coger el toro de la corrupción por los cuernos, y deberían hacerlo si no quieren contribuir a que la brecha entre los ciudadanos y los políticos siga creciendo.

-¿Qué opina de los «escraches»?

-Tiene una parte negativa, en el sentido de meter a las familias por medio; es una presión social que recuerda a épocas pasadas que no merece mucho la pena recordar. Ahora, de momento, simplemente recordar a los políticos que están sufriendo la presión debido a que hay muchos ciudadanos que están sufriendo una presión que es muy injusta por la persecución para que paguen sus hipotecas, es comprensible.

-¿Desde el punto de vista sociológico es una válvula de escape a la presión de la olla social?

-Sí, por supuesto, es una protesta comprensible. Con la crisis y con la acumulación de escándalos la gente llega a un punto de indignación que ya le da igual y lo que quiere es salir a la calle y decirles a los políticos que reaccionen.

-¿Perseguir policialmente las protestas puede conducir a una violencia más soterrada?

-Creo que no puede prohibirse así. Sin violencia de por medio, es decir, si queda simplemente en señalar al político afectado, la policía no puede pararlo, no se está cometiendo ningún delito, salvo que se dé un paso hacia lo que iba la «kale borroka» o la persecución de los judios en la Alemania nazi. Si vamos a una violencia mayor, evidentemente que la policía no puede permitirlo y el propio movimiento perderá apoyos.

-Desde el análisis de la ciencia política, ¿España camina hacia el modelo italiano?

-No creo que estemos tan cercanos al punto italiano. Hay que ver un poco como han llegado los italianos a la situación presente. La situación española actual se parece más a la de 1994 en Italia, a la de todo el rescoldo del movimiento «Manos limpias». El problema de Italia es que después de «Manos limpias» se produjo una revolución enorme en el sistema político, pero se hizo muy en falso: desaparecieron los partidos tradicionales, se cambió el sistema electoral de manera radical, hubo muchísimas reformas institucionales importantes, muchas de ellas de lucha contra la corrupción que, en realidad, no tuvieron los efectos que la gente pretendía. Tuvieron los efectos que los políticos quisieron que tuvieran esas reformas...

-¿Otra vez Lampedusa y el cambiarlo todo para que nada cambie?

-Exactamente. Una de las reformas más interesantes fue lo que ocurrió con el sistema de financiación de los partidos. Hubo un movimiento ciudadano que pidió en un referéndum que se eliminara la financiación pública de la actividad ordinaria de los partidos, que sólo quedara la compensación por las campañas electorales. El referéndum lo ganaron sus convocantes, pero lo que ocurrió fue que los políticos pasaron olímpicamente y construyeron un sistema de compensación de gastos electorales que no miraba en absoluto el gasto electoral y directamente se decretaron una serie de fondos públicos en función de cada tipo de elección y a partir de la representación que cada partido obtenía en las elecciones se repartían ese fondo. La conclusión fue que los partidos italianos están obteniendo ahora más dinero público que antes sumando la financiación ordinaria y la electoral. Es decir, defraudaron por completo a los ciudadanos. La conclusión italiana es que hubo ya una reacción en contra de lo que hacían los políticos muy fuerte, se introdujeron reformas institucionales, pero fallidas y controladas por los partidos. El resultado es la ingobernabilidad del país y la aparición de fuerzas que están en otra onda por completo.

-Insisto, ¿vamos en ese camino?

-Si fallamos ante la petición tan sólida de la ciudadanía española de que hay que renunciar al clientelismo, tener una Administración mucho más profesionalizada y más transparente, tener una Administración de justicia que sea mucho más rápida y eficiente y restaurar la confianza que han perdido los ciudadanos en el sistema político, entonces iremos a la italiana, efectivamente, en el plazo de unos años, cuando veamos que seguimos por el camino de Lampedusa. Ahora mismo tenemos el reto de no acabar como los italianos. Veremos si los partidos han aprendido la lección y toman las medidas oportunas.