«Todo ello con el fin de facilitar la aplicación de las medidas que contemple la ordenanza, incidir positivamente en aspectos relacionadas con la salud pública y sentar bases sólidas que estimulen el incremento del civismo y la solidaridad en nuestra ciudad». Así termina la proposición que el Grupo Municipal Socialista, liderado por Santiago Martínez Argüelles, defenderá este viernes en el Pleno exigiendo el inicio del proceso de revisión de la ordenanza de convivencia cívica y prevención de conductas antisociales, más conocida como la ordenanza del «botellón».
Este volver a empezar la tramitación de la ordenanza que pide el PSOE llega cuando no se han cumplido ni tres meses de la entrada en vigor del documento que avalaron con sus votos los ediles de PP y Foro Asturias. Pero sobre todo llega tras la criticada decisión del área de Seguridad Ciudadana de diseñar un dispositivo especial de control policial para evitar el desarrollo de «botellones» en Cimadevilla, que incluyó el vallado de la plaza de Arturo Arias, popularmente conocida como del Lavaderu. Para el PSOE, como se explica en la exposición de motivos de su proposición «la aplicación del texto ha estado marcada por la polémica por el exceso en las dotaciones policiales empleadas y por la limitación de derechos ciudadanos, reconocida de manera expresa por el concejal delegado en materia de seguridad ciudadana, señor Felgueroso. Todo ello es expresivo de una concepción autoritaria del poder y una evidente incapacidad del gobierno de abordar los problemas de la ciudad de manera negociada, buscando acuerdos».
La propuesta del Grupo Municipal Socialista es diseñar una nueva ordenanza que «cuente con el más amplio consenso ciudadano que sea posible». Un consenso que, entienden, es la única garantía de eficacia en la aplicación de la norma. «Es conveniente la existencia de una normativa que impida que unos vecinos molesten a otros pero esa normativa debe ser consensuada, de lo contrario su aplicación es complicada e insostenible en el tiempo», recordaba ayer la edil socialista Begoña Fernández, tras su participación en la Junta de Portavoces donde se incluyó esta proposición socialista en el orden del día de la sesión plenaria de este viernes.
Para Fernández es más que evidente que la aplicación de una norma de convivencia no puede pasar por «un despliegue policial que ofrece una nefasta imagen de nuestra ciudad y que, además, se desarrolla sólo en una zona. Mientras en Cimadevilla está prohibido todo, en el resto de la ciudad parece permitido todo». La concejala socialista asegura que la proposición de su partido supone «pedirle al gobierno de Foro Asturias que haga una apuesta por la sociedad civil, no sólo por medidas represivas».
El «botellón» es solo una de las prácticas que se regulan en la polémica ordenanza cívica, a la que siempre se han opuesto los partidos de la izquierda municipal y que ha cosechado duros reproches del movimiento vecinal y los colectivos juveniles. La ordenanza prohibe y sanciona también atentados contra la dignidad de las personas, la prostitución, la degradación visual del entorno, el uso impropio del espacio público, las actitudes vandálicas y la prestación de servicios no autorizados.
La FAV tilda de «exageradas» las medidas policiales en Cimadevilla
La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana reunió ayer a su junta directiva, formada por los representantes de todos los colectivos vecinales de la ciudad, para unificar su postura respecto a la polémica puesta en marcha de la ordenanza de convivencia ciudadana y el despliegue policial en Cimadevilla para la ejecución de su sistema de sanciones. Precisamente el colectivo vecinal «Gigia», del barrio alto, se abstuvo en la votación del comunicado que la FAV hará público, que recibió el apoyo del resto de asistentes.
La federación califica las medidas policiales tomadas en zonas como Cimadevilla para hacer valer la ordenanza de convivencia como «exageradas al entender que un problema de orden público y convivencia no se arregla sólo con la presencia policial», y reclama el acompañamiento de «un programa educativo y socio sanitario». Asimismo, desde la entidad agrupadora del movimiento vecinal gijonés, llaman al gobierno local de Foro Asturias «a que convoque una mesa de trabajo conjunta con la federación y asociaciones afectadas para diseñar dinámicas entre todos que permitan integrar el uso del espacio público y el descanso de los vecinos». En este último punto, además, la FAV «se solidariza y exige soluciones para el descanso de los residentes en Cimadevilla».
La asociación vecinal «Gigia» del barrio alto ha mantenido discrepancias con la FAV desde las reuniones sobre el borrador de la ordenanza, que la federación rechazó mientras que Cimadevilla lo vio con buenos ojos. Ayer, Aida Artime, presidenta de «Gigia», estuvo presente en la junta directiva y trasladó la abstención de su colectivo al comunicado de la FAV. «Hace referencia a horarios de cierre y ruidos, pero en cuanto a la ordenanza de convivencia no se recoge nada. Y creo que era el tema a tratar. Pero más que nada nos abstuvimos porque tenemos una asamblea con los vecinos para el 27 de septiembre. Así que no nos manifestamos hasta conocer la postura que tome el barrio», señaló Artime, que asegura que, respecto al dispositivo policial de Cimadevilla, «hay gente en el barrio que opina que fue muy desproporcionado, y otros que no».
La FAV también trató el aplazamiento de sus elecciones al primer trimestre de 2014. La junta directiva apoyó el cambio. «Se trata de volver a la normalidad tras procesos electorales irregulares, dado que los estatutos recogen que deben celebrarse en los primeros tres meses del año», explican desde la Ejecutiva.
