José A. ORDÓÑEZ
Sostiene el abogado y ex ministro José Manuel Otero Novas que todo empezó a torcerse a mediados de la década de los ochenta del pasado siglo, cuando el socialista Felipe González gobernaba España con mayoría absoluta. A golpe de reforma legal, se inició entonces un proceso que ha ido minando la "necesaria" independencia de los secretarios e interventores municipales -antaño intocables funcionarios estatales que garantizaban la legalidad y la fiscalización de los ayuntamientos- hasta someterles a los designios del alcalde de turno. Pese a a haber prometido todo lo contrario, José María Aznar siguió la misma línea que los socialistas, de forma que secretarios e interventores se han convertido en una especie de controladores controlados por los políticos que les nombran, deciden sus complementos salariales y tienen potestad para defenestrarlos sin más explicaciones que la alusión a cuestiones organizativas, como acaba de suceder en Gijón.
Otero, que fue ministro de Presidencia y de Educación con Suárez, advierte de que la cuestión no es baladí. "La causa seria de la corrupción es la discrecionalidad del poder político", alerta. A su juicio, para ponerle límites a esa discrecionalidad resulta "imprescindible" devolver a secretarios e interventores la independencia perdida.
En la misma línea de rechazo a que quien tenga una función de control dependa tan directamente de aquel a quien ha de controlar, el juez José Ramón Chaves, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, considera que la independencia de los secretarios municipales, un cuerpo "de tremendo prestigio", ha caído "en picado" durante la última década, debido a los cambios legislativos que se han ido produciendo. "Se ha modificado la forma de provisión, que antes era por sistema de concurso puro y duro y ahora ha pasado a la generalización de la libre designación; es decir de las designaciones a la carta", argumenta el juez, que también lamenta que los informes preceptivos del secretario "han dejado de tener carácter vinculante" y que, además, "la llave de sus complementos específicos de retribución esté en manos de las corporaciones". Por si fuera poco, desde 1987, la competencia sancionadora sobre estos funcionarios en la mayor parte de las comunidades autónomas, entre ellas Asturias, depende de los ayuntamientos. Las Corporaciones tienen potestad para dirimir las faltas leves, graves y muy graves. Es posible, por ejemplo, que un secretario sea suspendido de empleo y sueldo durante tres años por una decisión de ámbito municipal.
Premio Príncipe de Asturias de las Letras de este año, Antonio Muñoz Molina incide en las mismas tesis de Otero y Chaves en su último ensayo, titulado "Todo lo que era sólido", donde identifica así "uno de los mayores errores" de la Transición: "Lo que sin que nadie lo advirtiera o lo denunciara empezó a suceder hacia mediados de los ochenta es que al mismo tiempo que las instituciones públicas empezaban a disponer de mucho dinero desaparecían los controles efectivos de la legalidad de las decisiones políticas".
Otero Novas subraya que, a partir de 1950, en plena dictadura franquista, secretarios e interventores eran "más independientes" por el gran desarrollo del Derecho Administrativo durante las décadas precedentes, precisamente para instaurar controles ante la corrupción generalizada que protagonizó el siglo XIX. Sin embargo, asegura que todo comenzó a cambiar tras la abrumadora victoria socialista de 1982. "Los controles del Derecho se empiezan a desmontar entonces", subraya el ex ministro, para añadir que José María Aznar, con quien se generalizó la libre designación, no hizo nada para cambiar esa deriva. Su experiencia personal lo demuestra: "El PP y Aznar, en la oposición, me pidieron un paquete de reformas sobre este asunto. El PSOE lo rechazó y Aznar anunció que cuando gobernara aplicaría las medidas. Ganó. ¿Y sabe qué hizo con aquellas medidas? Nada en absoluto".
José Manuel Otero Novas
Abogado y ex ministro con UCD
José Ramón Chaves
Magistrado del Tribunal Superior de Galicia
