El Ayuntamiento ha propuesto al Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias un segundo convenio en relación al nuevo Plan General de Ordenación (PGO) anunciado por Foro. En este caso, para la elaboración del formulario que se trasladará a los ciudadanos en la consulta prevista antes de que se revise el urbanismo gijonés. Ese cuestionario debe basarse en un prediagnóstico del municipio, con estrategias generales de ordenación, que el equipo de gobierno también encargó a la institución colegial que preside Alfonso Toribio.
Dicho informe se presentó públicamente el pasado 6 de noviembre. Entonces, la concejala de Urbanismo aseguró que serían los técnicos de su departamento quienes se harían cargo del formulario de la consulta y que, de hecho, ya estaban preparando el listado de preguntas. Pero, hace unos días, la forista Lucía García Serrano informaba a los distintos grupos políticos de su intención de encomendar ese trabajo al Colegio de Arquitectos. "No entendemos nada", coinciden los partidos de la oposición.
Sobre todo porque "ya recibimos, junto con la copia del prediagnóstico que hicieron los arquitectos, un borrador con cien preguntas para que hagamos aportaciones". La responsable municipal de Urbanismo ya había adelantado que se podrían llegar a plantear hasta un centenar de cuestiones, aunque desde el Colegio de Arquitectos se le trasladó, de inmediato, la recomendación de que el formulario fuera menos denso.
García Serrano quiere ahora dejar en manos de esta entidad profesional tanto la elaboración del cuestionario definitivo como la redacción del denominado "diagnóstico participado". En dicho documento, se plasmará el resultado de la consulta ciudadana, para que el equipo redactor del nuevo PGO pueda tenerlo en cuenta a la hora de establecer las prioridades urbanísticas del municipio. De momento, la revisión del Plan General se encuentra en fase de licitación.
Según el calendario que maneja la concejala de Urbanismo, la consulta se convocará a finales de noviembre o principios de diciembre; la revisión del planeamiento se adjudicará en el mes de enero, y el "diagnóstico participado" deberá estar listo en febrero o marzo "como mucho". Los plazos del proceso y su forma de gestionar la situación urbanística del municipio, marcada por la anulación del Plan General, están recibiendo duras críticas por parte de los tres grupos de la oposición y del sector de la construcción.
A esa polémica hay que añadir ahora los recelos que genera el nuevo convenio que Lucía García Serrano pretende suscribir con el Colegio de Arquitectos. El asunto se abordará en la próxima Comisión de Urbanismo. IU anticipa que "no estamos de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas". Y el Grupo municipal Socialista, por su parte, manifiesta dudas: "Consideramos imprescindible que se aclare si estamos ante un fraccionamiento de contrato, pues recientemente se formalizó un convenio con la misma entidad y con un fin similar".
Cuestiones formales aparte, el portavoz municipal del PSOE, Santiago Martínez Argüelles, considera que "lo adecuado sería disponer de un equipo multiprofesional, en el que, además de la imprescindible presencia de los arquitectos, estuvieran otros profesionales". Sólo así, apostilla, "se aseguraría el carácter multidisciplinar que debe tener un planeamiento urbanístico".
