La Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina ha logrado la adhesión de quince ayuntamientos asturianos y ahora busca en la Junta General del Principado una condena institucional al régimen franquista. "Nos han recibido todos los grupos políticos, aunque unos con más gracia que otros", indicaban ayer Carmen Prado y Francisco Javier Rodríguez Amorín, para revelar acto seguido que "sólo PSOE e IU votan a favor en las distintas Corporaciones, con una excepción en Castropol y otra en Bimenes".

La Querella Argentina, que recaba apoyos en la región a través del colectivo "La Comuna d´Asturies", es una vía legal que pretende juzgar los crímenes cometidos durante el franquismo y que su coordinadora estatal pretende extender al mayor número de personas posible. Con ese propósito, "nos estamos poniendo en contacto con familias que pudieran haber sufrido la represión y quieran que su caso se dilucide en el ámbito de la justicia", explicaron Carmen Prado y Francisco Javier Rodríguez Amorín para presentar la iniciativa, en un acto celebrado en el marco del Club LA NUEVA ESPAÑA de Gijón.

"No nos movemos en el terreno de la historia, sino de la justicia. Hubo torturas, muertes, bebés robados, esclavitud... Y todo eso tiene que ser reparado", recaldó Rodríguez Amorín. A lo que añadió: "Es algo muy personal. Unos querrán que un juez les diga que su padre no murió por bandolero, sino que lo mataron por defender la libertad. Para otros la reparación es poder enterrar a su familiar dignamente. O que se sepa que algunas personas que murieron con honores fueron unos torturadores".

La llamada Querella Argentina fue inicialmente presentada por un grupo de familiares de asesinados y desaparecidos, que en abril de 2010 recurrían a los juzgados de Buenos Aires para que se investigaran los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, se identificara a sus responsables y se les sancionara penalmente. Desde entonces, no han dejado de gotear las denuncias a uno y otro lado del Atlántico. "La mayoría de los responsables ya están muertos", ponía ayer sobre la mesa uno de los asistentes al acto. A lo que Carmen Prado respondía: "Pero el Estado no".

Las personas interesadas en seguir esta vía legal podrán acudir a los consulados de Argentina más cercanos, cuyos titulares ejercerán como notarios de sus denuncias. En el caso de Asturias, las delegaciones consultares más próximas son la de Vigo y Madrid, en la que habrá que pedir cita previa para cualquier trámite. "El franquismo sigue vivo porque no se denuncia y no se denuncia porque sigue vio. Hay que romper este círculo vicioso", instaron los portavoces de la coordinadora estatal, que también tienen previsto dirigirse al ayuntamiento gijonés: "Aunque, como en Oviedo, suponemos que no saldrá", comentaron en alusión a su mayoría conservadora.