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Oposiciones

Cómo hacer una convocatoria pública de empleo que no convence a nadie

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La Consejería de Educación ha anunciado que convocará este año oposiciones para profesorado de Secundaria. Sobre el papel, la noticia es buena porque significa consolidar empleos y ello cuando la inmensa mayoría de las comunidades autónomas españolas tiene congelada su oferta. Sin embargo, es precisamente al profundizar en las características de la convocatoria y al ponerla en el contexto de la situación de la enseñanza en nuestro país, cuando las cosas se ven de forma bien distinta, de hecho, no convencen ni a quienes vienen clamando por opositar estos últimos años de sequía.

Para empezar, el primer anuncio fue una oferta de 14 plazas para cuyo proceso de oposición se contaba con una partida presupuestaria de un millón de euros. Una convocatoria simbólica -por lo exigua- a un precio imposible de entender para cualquier ciudadano al que se le ha venido racaneando una prestación, una beca para sus hijos, una prueba médica, un fármaco? Constatado el estupor y la incomprensión inicial, enseguida se produjo un segundo anuncio con las cifras corregidas, al alza una - las plazas serían 39- a la baja la otra: costaría la mitad.

Ha quedado por explicar cómo el cálculo del costo ha sufrido una variación tan llamativa y que funciona a la inversa de cualquier economía doméstica: si poner tapas a un par zapatos cuesta ocho euros, hacerlo con uno solo debería costar cuatro, no dieciséis. Creo que convendría aclarar públicamente ese aspecto chocante que trata con y del dinero de todos.

Pero yendo al análisis de las 39 plazas convocadas es donde surgen todavía más interrogantes. Todas ellas son de profesorado de Formación Profesional, ni una sola para especialidades generalistas como Lengua y Literatura, Matemáticas o Inglés. No es que no se hayan registrado jubilaciones u otras causas de merma en el volumen de enseñantes de esas familias, al contrario, al ser muy numerosas arrojan siempre cifras abultadas. Sin embargo, se ha puesto el énfasis en especialidades minoritarias en las que la mayoría de los docentes interinos o aspirantes a docentes no se pueden plantear competir. Tendrán que seguir esperando.

Sin embargo, al ser Asturias de las pocas comunidades autónomas con anuncio de oposiciones y la única que convocará ciertas especialidades, es de prever un importante efecto llamada de profesorado interino de la misma familia profesional que ahora trabaja o aspira a hacerlo en cualquier punto del país. En los tiempos en los que las convocatorias eran periódicas y moderadas tirando a abundantes en casi todas las regiones españolas, los exámenes se celebraran de forma simultánea de manera que, puestos a escoger, el opositor solía optar por su propia comunidad para intentar acceder a la plaza.

A ello hay que añadir que las comunidades autónomas con lengua propia ponen como requisito de acceso el dominio de la misma, y otras han articulado mecanismos que favorecen a quienes están ya trabajando en su territorio. Asturias no lo ha hecho y el resultado es que los opositores asturianos llevan las de perder fuera y también dentro. Cuando la garantía de equidad la ofrecemos unos sí y otros a discreción, hay que darle una pensada correctiva porque, de lo contrario, se pervierte y acaba zurrando siempre a los mismos, que resulta que son nuestros convencinos.

Por si todo ello fuera poco, queda también sin resolver el detalle de los temarios para las oposiciones de enseñanza en nuestro país. En el año 2011 se redactaron unos renovados ante la obsolescencia de los anteriores que, en el caso de las disciplinas más tecnológicas resucitaban a Gila marcando el número del enemigo. Sin embargo, un año después, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, decretó el retorno a los temarios del siglo pasado. En otras palabras, si tampoco aquí se toman medidas, se exigirá a los futuros docentes que demuestren sus conocimientos en materias parte de las cuales no pertenecen ya a la era moderna.

En fin, estupenda noticia, cómo no, que Asturias convoque oposiciones pero habrá que cerciorarse de que sea a favor de la comunidad educativa -alumnado, familias, docentes- y de la sociedad en su conjunto porque, de lo contrario, acabará siendo contra la inmensa y sufriente mayoría.

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