18 de febrero de 2014
18.02.2014
El proceso judicial a un supuesto fraude de subvenciones a la minería

Juan Miguel Benítez: "Lo que pasaba en Mina La Camocha lo sabía toda Asturias"

El Instituto del Carbón era el organismo competente para controlar el uso de las ayudas, pero carecía de medios para hacerlo, afirma su gerente

18.02.2014 | 01:36
En primer término, Juan Miguel Benítez. Detrás, por la izquierda, los directivos de Hidrocantábrico (hoy EdP) Florentino Blanco, Francisco Uría y Francisco Javier Bragado, esperando para testificar. | juan plaza

"Todo Gijón y toda Asturias sabían lo que pasaba en Mina La Camocha. Otra cosa es que se pueda probar". Así de claro se manifestó ayer el gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), Juan Miguel Benítez Torres, en una conversación con periodistas tras haber prestado declaración como testigo en el juicio por el supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha. Benítez, que actualmente es el gerente del Instituto del Carbón, también desempeñaba esa labor en los años en los que tuvo lugar el supuesto fraude, entre 1998 y 2000. En esa misma charla Benítez también recordó el especial interés de los sindicatos por la antigua explotación minera gijonesa.

Unos minutos antes, el alto cargo del Ministerio de Industria había ratificado en el juzgado los cuatro informes que emitió entre 2000 y 2003 durante la investigación del caso. En uno de ellos cifró en 17,08 millones de euros la cuantía supuestamente defraudada, en base a los informes de la Guardia Civil que sostienen que Mina La Camocha vendió a la térmica de Aboño unas 90.000 toneladas de carbón importado y de minas de cielo abierto, más barato, haciéndolo pasar por producción propia.

Benítez señaló que las subvenciones a Mina La Camocha implicaban que la empresa debía extraer el carbón de sus pozos y que de adquirirlo a terceros para revenderlo a la térmica incumpliría los requisitos y finalidades de la subvención. El responsable ministerial señaló que Mina La Camocha nunca informó al Instituto de que había vendido a la térmica carbón ajeno a la explotación porque "iba en contra del espíritu de las ayudas y hubiera sido un fraude".

El gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería, así como los directivos de EdP que declararon a continuación, explicaron una de las claves que hicieron posible el supuesto fraude. Hasta 1997 eran las centrales térmicas las encargadas de controlar que las minas subvencionadas les vendían exclusivamente producción propia, para lo que efectuaban controles e incluso visitaban los pozos. A partir de 1998, tras la creación el año anterior del Instituto, ese control pasó a ejercerlo el nuevo organismo ministerial. Pero aunque era el tercer organismo autónomo con mayor presupuesto, encargado de la gestión entonces de 1.500 millones de euros, del control de 80 empresas mineras y de fondos para formación e infraestructuras, era el penúltimo organismo autónomo en dotación de personal, sólo por detrás del Instituto de Cría Caballar. Así, carecía del personal necesario para una labor inspectora más allá que la de limitarse a cruzar los datos de producción declarados por las minas con los del carbón que declaraban las empresas eléctricas haber adquirido a las mismas. "Esa competencia se había atribuido al Instituto, pero nunca se contó con medios para hacerlo", señaló Benítez.

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