03 de abril de 2014
03.04.2014

La Oficina Contra el Fraude remite al fiscal general del Estado su informe para que actúe

El organismo europeo considera que se han podido cometer delitos que afectan a los intereses financieros de la UE

03.04.2014 | 01:51
Eduardo Torres-Dulce.

La OLAF ha entregado en la oficina del fiscal general del Estado una copia de su informe sobre la ampliación del puerto de El Musel, según han confirmado fuentes comunitarias. El informe de la OLAF propone tanto la toma de medidas administrativas como de corte judicial ante las supuestas irregularidades y fraudes detectados en la obra de ampliación de El Musel, en especial en su contratación.

Según personas conocedoras del informe, el motivo de remitir el mismo al fiscal general es que la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude considera que "existen motivos para pensar que se han cometido delitos que pueden afectar a los intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea".

Antifraude ha remitido su informe a la Dirección General de Política Regional, al Ministerio de Hacienda y al fiscal general del Estado, recomendando a los dos primeros medidas de tipo financiero y al último el ejercicio de acciones judiciales.

Además del reintegro de los 198 millones de euros de fondos de cohesión comunitarios, la OLAF también considera que España debería recuperar todo el "gasto elegible", que asciende a 531 millones de euros.

Aparte de las medidas que pueda tomar de oficio la Fiscalía, si así lo considera, el Ministerio de Fomento también ha recurrido a la abogacía general del Estado para que estudie la fórmula para "depurar posibles responsabilidades y también recuperar el patrimonio público que pudiera haberse visto perjudicado", según había explicado el martes un portavoz del Ministerio.

La obra de El Musel fue adjudicada en algo menos de 500 millones de euros a la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas). El Puerto acabó pagando 715 millones de euros debido a los sobrecostes de la obra y actualización de precios. Dique Torres reclama judicialmente el pago de otros 329 millones por sobrecostes y actualización de precios no reconocidos por El Musel.

La Oficina Europea Contra el Fraude ha señalado supuestas irregularidades en el proceso de contratación. El puerto obligó a los aspirantes a hacerse con la obra a usar la cantera de Aboño, de la que era copropietario Sato. La OLAF también reseñó que Dique Torres se negó a facilitarles información contable.

Dique Torres y ACS (grupo que lidera la UTE) declinan hacer valoraciones. Otras fuentes cuestionan las posibilidades reales de que les puedan a obligar a devolver lo cobrado por una obra ya hecha, si bien señalan que el informe de OLAF puede frustrar las expectativas de la UTE en el pleito por el que reclama el pago de otros 329 millones.

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