04 de abril de 2014
04.04.2014
Supuestas irregularidades en una de las mayores obras civiles de España

El fiscal general manda a Anticorrupción el informe europeo sobre la obra de El Musel

El Puerto recibe la notificación de la demanda de Dique Torres, en la que le reclama otros 329 millones

04.04.2014 | 01:40

La oficina del Fiscal General del Estado ha remitido a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre la obra de ampliación de El Musel en el que este organismo europeo alude a supuestas irregularidades y fraude en la contratación y en la obra de construcción del puerto exterior gijonés.

Anticorrupción "está analizando" el informe de la OLAF, según indicó ayer un portavoz de la fiscalía. Tras el análisis de este informe, quien ahora tiene en sus manos el asunto podrá optar por archivarlo o por interponer una denuncia en los juzgados, si considera que hay materia para ello.

Entre las supuestas irregularidades detectadas por la OLAF está el hecho de que se obligara a las empresas que participaban en la obra a usar material de la cantera de Aboño, de la que era copropietaria Sato, que junto a Dragados, Drace, FCC y Alvargonzález Contratas era una de las empresas de Dique Torres, la UTE que se hizo finalmente con la adjudicación de los trabajos.

La OLAF remitió su informe a la fiscalía recomendando el ejercicio de acciones judiciales al considerar que existen motivos para pensar que se han cometido delitos que pueden afectar a los intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea, según señalaron personas conocedoras del informe, que también ha sido remitido a las administraciones comunitaria y española.

Se trata de la segunda ocasión en la que el Ministerio Fiscal recibe una denuncia sobre la obra de ampliación de El Musel. En abril de 2010, la fiscalía de Gijón archivó la presentada el 15 de septiembre de 2009 por un gijonés residente en Luxemburgo ante los sobrecostes que estaba acumulando la obra portuaria. El informe de la OLAF que ahora recibe Anticorrupción consta de 700 páginas, en su mayor parte anexos.

La obra de ampliación de El Musel fue adjudicada a Dique Torres en 2005 en 499 millones de euros. La Autoridad Portuaria asumió posteriormente un modificado de 124 millones de euros incluyendo sobrecostes y ampliaciones de obra. Además, pagó otros 85,67 millones en concepto de actualización de precios. El coste final de la obra rondó los 710 millones.

La cantidad es insuficiente a juicio de las empresas. El estudio del informe de la OLAF por Anticorrupción coincide en el tiempo con la tramitación de la demanda civil que ha interpuesto Dique Torres contra el Puerto para reclamarle 350 millones de euros, de los que 329 son sobrecostes y el resto en concepto de intereses legales y actualización de precios.

La Autoridad Portuaria recibió ayer la notificación de esa demanda por parte del juzgado de primera instancia número tres de Oviedo, que es el que se ha hecho cargo del litigio que inicialmente había sido interpuesto hace un año por la UTE en un juzgado de Gijón que se declaró incompetente.

En el caso de que Anticorrupción decidiera interponer una denuncia penal, podría paralizar la demanda civil de Dique Torres hasta que se resolviera el asunto penal, que tiene prioridad respecto a otro de la jurisdicción civil si versan sobre lo mismo, según explicaron ayer fuentes consultadas.

La OLAF ha recomendado a la Comisión Europea recuperar los 198 millones de euros con los que financió la ampliación de El Musel, pero también ha recomendado a España la devolución del "gasto elegible" de la obra, que son 531 millones de euros.

Más información en página 23

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