El informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que recomienda a la Comisión Europea que recupere los 198 millones de euros en subvenciones con que financió la obra de ampliación de El Musel, movió ayer a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosa Aza, a contactar con los principales clientes del puerto gijonés para tranquilizarlos y garantizarles que no se verán afectadas sus actividades en la dársena gijonesa. Entre los usuarios del Puerto con los que contactó la presidenta está Arcelor-Mittal, que genera el mayor volumen de tráficos portuarios en Gijón y para el que El Musel y sus costes son claves para mantener la competitividad.

El proceso de reclamación de subvenciones será largo y antes de ponerlo en marcha, la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea evaluará tanto el informe de la OLAF y los de sus otros servicios, como la información remitida por España. Contra su decisión, el Gobierno español podrá formular alegaciones en un plazo de dos meses y si no hay acuerdo al respecto, quedaría la opción de impugnar judicialmente el recorte de los fondos de cohesión. Además de la devolución de los 198 millones de euros, la propuesta del informe de la OLAF también supone, de aceptarla la Comisión, que el Puerto tampoco recibiría los 49 millones de ayudas inicialmente concedidas y aún no abonadas por la UE a El Musel.

Aza no sólo se dirigió a los grandes usuarios del puerto gijonés, sino que también explicó la situación telefónicamente a los miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria y, en persona, a 156 trabajadores de la Autoridad Portuaria. Esto último tuvo lugar a la una de la tarde en una reunión a la que los convocó y en la que Aza estuvo acompañada del director del Puerto, José Antonio Lago.

Según explicaron fuentes sindicales, la presidenta de El Musel recalcó en ese acto que el informe de la OLAF "no es ejecutivo" y que en todo caso la probable reclamación de devolución de los 198 millones de euros por parte de la UE es un "problema de Estado".

Los directivos de El Musel señalaron que lo que está ocurriendo no va a afectar negativamente a la plantilla de trabajadores y concretaron, en respuesta a preguntas planteadas por los asistentes, que no derivará en regulaciones de empleo ni afectará al plan de prejubilaciones que está en marcha.

Según las mismas fuentes, en ese encuentro con los trabajadores de la casa, Rosa Aza indicó que no disponía del informe de la OLAF, pero que el mismo le había sido mostrado en la reunión que anteayer mantuvo en Puertos del Estado. El informe es de unas 700 páginas, si bien la mayor parte de su volumen lo constituyen anexos, siendo la parte sustancial de unas decenas de hojas.

A los trabajadores también les indicó que el Puerto está ahora mismo "volcado en sus clientes" al haber quedado en manos de la administración central y de la Abogacía del Estado la defensa jurídica de sus intereses. En todo caso, hasta que la Dirección General de Política Regional de la UE no notifique formalmente a España su decisión sobre las ayudas concedidas a la obra de El Musel, no se podrá tomar ninguna medida. De momento, la Abogacía General del Estado ya está estudiando el informe de la OLAF.

Tanto a los trabajadores como a los clientes del puerto y a los consejeros, la presidenta del Puerto les indicó que el proceso para una posible devolución de ayudas es largo y que, si es preciso, España acudirá ante los tribunales europeos, en Luxemburgo.

Fuentes sindicales afirman, por otro lado, que en la reunión de ayer con los trabajadores la actual dirección portuaria también recordó que este conflicto legal se originó en un momento en el que había otros gestores al frente de la entidad. La Presidenta también negó, no obstante, que haya podido haber alguna actuación incorrecta por parte de la Autoridad Portuaria.