La ministra de Fomento, Ana Pastor, calificó ayer de asunto "grave" y "muy serio" el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre supuestas irregularidades y fraudes en la obra de ampliación de El Musel.

La ampliación de El Musel fue ejecutada por la Unión Temporal de Empresas Dique Torres (Dragados, Drace, Sato, FCC y Alvargonzález Contratas). Adjudicada en 2005 en el tope de licitación, 499 millones de euros (sin contar el IVA), el Puerto acabó pagando 710 millones al sumar 124 de sobrecostes y 85,67 de actualización de precios. Dique Torres ha interpuesto una demanda judicial para reclamar el pago de 350 millones adicionales.

El informe de la OLAF estima falsos los precios y tonelajes de los materiales de cantera para ejecutar la ampliación. Las investigaciones efectuadas por el organismo comunitario han detectado presuntos fallos en el control de transporte de materiales desde las canteras hasta la obra, en el pesado de los camiones con las piedras y en el registro de los camiones. También detectó la supuesta recepción de materiales de cantera y de relleno de modo gratuito por Dique Torres, que cobró por los mismos al Puerto.

El informe de la Oficina Antifraude reseña los obstáculos que ha puesto a su investigación Dique Torres, impidiéndoles el acceso a su documentación contable. Además de estas supuestas irregularidades, la OLAF también se interesó por el proceso de contratación y adjudicación de la obra, debido a que el Puerto incluyó en una de las cláusulas un acuerdo de intenciones para la utilización de la cantera de Aboño en la obra, dejando para un momento posterior la negociación del canon que se pagaría a los propietarios de la cantera por cada tonelada de piedra extraída. Se da la circunstancia de que uno de los copropietarios de esa cantera es Sato, a su vez integrante de la UTE ganadora.

El informe también refiere supuestos fallos graves por parte de las autoridades españolas en el control de las ayudas. La OLAF remitió su escrito, de unas 700 páginas, a la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, recomendándole que exija la devolución de los 198 millones de euros con los que subvencionó la obra de ampliación, lo que se completaría con la decisión de no entregar otros 49,5 millones pendientes de abono. Antifraude también envió al Ministerio de Economía el documento, en el que no sólo se plantea la recuperación de los 198 millones de euros de ayudas europeas, sino del total de 531 millones de euros de inversión en la obra vinculados a esa subvención europea.

Fiscalía Anticorrupción

El informe de la OLAF también fue remitido a la oficina de la Fiscalía General del Estado, que lo derivó a la Fiscalía Anticorrupción donde aún están analizando el voluminoso informe para decidir si la Fiscalía presenta o no una denuncia en los juzgados.

Pastor calificó ayer en Madrid de "grave" y "muy serio" el informe de la OLAF en respuesta a preguntas formuladas por los periodistas, informa Efe, que se interesaron por cuándo iba a remitir Fomento al Principado la copia del informe, tal como le había reclamado por carta el pasado 7 de abril la consejera autonómica Belén Fernández.

El Principado tiene precisamente desde ayer el informe en su poder. Puertos del Estado (dependiente del Ministerio de Fomento) remitió sendas copias del informe de la OLAF a la Consejería de Fomento y a la Autoridad Portuaria de Gijón, previa consulta sobre la procedencia de esa entrega a los servicios jurídicos del Estado, cuyo estudio de la petición autonómica es lo que al parecer demoró la entrega de la documentación.

La preocupación del Ministerio de Fomento por este asunto ya había trascendido el pasado uno de abril, cuando un portavoz ministerial señaló que la Abogacía del Estado está estudiando qué acciones se pueden emprender para "depurar posibles responsabilidades y recuperar el patrimonio público que pudiera haberse visto perjudicado" por un problema originado bajo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. La obra de ampliación se adjudicó con Magdalena Álvarez como ministra de Fomento y se inauguró con José Blanco en el cargo.

La Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea ha solicitado hace unos días al Ministerio de Economía información adicional sobre la obra de ampliación de El Musel, en referencia al informe elaborado por la OLAF. España dispone de dos meses de plazo para remitir esa información, formulando alegaciones al informe si lo considera oportuno. Se trata del paso previo a que la UE tome una decisión sobre el recorte de subvenciones, algo que podría ocurrir antes del verano.