La investigación de supuestas irregularidades en torno a la ampliación de El Musel, en la que intervinieron varias direcciones generales comunitarias y que ha sido rematada por la que efectuó la OLAF, no puede considerarse en ningún caso como el inicio de una causa general contra la obra pública española, sino como "un caso específico", según insisten fuentes comunitarias.
"En ningún caso la investigación sobre El Musel es en modo alguno una censura global al sistema de contratación pública español; se trata sólo de un caso específico", recalcan. Este planteamiento contradice una de las lineas argumentales de los exdirectivos de El Musel sobre la investigación europea a la ampliación, que es que se trataría en realidad de un procedimiento contra el sistema de contratación en España, que suele acabar implicando sobrecostes por modificaciones de los proyectos originales.
El caso de la ampliación de El Musel no se ciñe a supuestas irregularidades por sobrecostes. La OLAF cuestiona el propio procedimiento de contratación y adjudicación de la obra y el aumento de los precios de diversas unidades de obra alegando el encarecimiento de los materiales de cantera, algo que según el informe de Antifraude se efectuó cuando la UTE Dique Torres supuestamente se había asegurado la obtención de la mayor parte del material a precio inferior al de proyecto. La Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude también considera que hubo falta de control en la obra, por lo que es imposible conocer con certeza el volumen real de materiales empleados en la misma.
