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Un juez impone a unos abuelos la obligación de pagar pensión de alimentos a su nieta

El magistrado entiende que los padres no pueden hacer frente a los gastos por estar en paro y por no tener perspectivas de encontrar trabajo

Mayores sentados en el Puerto Deportivo de Gijón. JUAN PLAZA

El juez titular del Juzgado de primera instancia número 11 de Gijón, Sergio García García, acaba de imponer a cuatro abuelos la obligación de pasarle a su nieta una pensión de 250 euros mensuales (135 los paternos y 115 euros, los maternos). Los padres de la menor han podido demostrar en sede judicial que carecen de recursos económicos para la atención de su hija. La madre de la pequeña, que fue la que presentó la demanda que ahora acaba de ser contestada favorablemente, está cobrando una pensión de minusvalía mientras que, tal y como recalca el magistrado en su sentencia, el padre de la niña "no tiene trabajo y tiene pocas posibilidades de conseguirlo dados los problemas mentales que padece, por los que está a tratamiento y sin recibir pensión alguna". La insolvencia de los progenitores hace que sus obligaciones pasen a asumirlas sus padres.

El abogado que presentó la petición de esta pensión de alimentos, el gijonés Santiago León Escobedo, señala que este fallo es "único y novedoso en España". "El magistrado ha tenido en consideración la existencia de una situación de necesidad de la menor dada la carencia de medios económicos de la madre y que el padre está en situación de insolvencia", asegura, haciendo hincapié en que "en estos casos se puede abrir la vía de reclamación a los abuelos". El magistrado gijonés encargado de fijar la pensión para la menor reparte la carga económica entre los cuatro abuelos que se han de hacer cargo de la situación. El juez apunta que aunque "la obligación de prestar alimentos ha de recaer de modo preferente sobre el padre de la menor", este hecho no es impedimento para que se pueda reclamar sus obligaciones a los ascendientes, recogidos también como responsables de los menores de edad en el Código Civil.

"La cumplida acreditación de la carencia de medios económicos, y no sólo del padre sino también de la madre, es la circunstancia que ha de operar como presupuesto para conferir legitimación pasiva a los abuelos", apunta el magistrado en el fallo. Los ingresos de la madre, mantiene el juez, "resultan manifiestamente insuficientes para la adecuada atención de todas las necesidades familiares". El dinero no alcanza para cubrir el buen cuidado de la pequeña debido a que, además, la demandante tiene otros dos hijos menores de edad fruto de otra relación. Estos niños "también residen en el domicilio familiar" y tienen que mantenerse con el único ingreso que recibe la cabeza de familia: una pensión de 438 euros. El padre, por su parte, llevaba meses sin pasarle dinero a su exmujer. En este sentido el tribunal mantiene que en el artículo 152 del Código Civil que se encuentra actualmente vigente en España se refleja que "cesará la obligación de dar alimentos cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia". Las obligaciones para con los menores se encuentran, enfatiza la sentencia, "jerarquizadas en función de la proximidad del parentesco", por lo que no son únicamente de los padres de la menor en cuestión los que deben asumir su responsabilidad.

El juez señala que las necesidades de la niña están suficientemente cubiertas por el momento pero que, a pesar de todo, para que la menor pueda continuar con su nivel de vida tiene "la estricta necesidad" de recibir 250 euros más cada mes. Ese es precisamente el dinero que deben abonar ahora de forma solidaria los abuelos paternos y maternos de la pequeña.

Antes de fijar cómo se debe repartir esta carga entre los cuatro responsables de la pequeña el magistrado analiza la situación personal de cada uno de los demandados y establece un reparto equitativo, de tal manera que 135 euros tendrán que ser satisfechos por los abuelos paternos y 115 por los maternos. El magistrado ha primado las circunstancias personales que presentaba cada uno de los aludidos en la sentencia y los bienes materiales de los que disponen en la actualidad.

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